El cambio apunta no solo a una mejora operativa, sino también a un impacto concreto en la vida cotidiana de los ciudadanos, que dejarán de depender de notificaciones en papel, muchas veces demoradas o fallidas. El sistema prevé utilizar la plataforma de Ciudadano Digital como canal principal, lo que implicará un acceso más rápido, directo y trazable a las comunicaciones judiciales.
Uno de los puntos más relevantes es el ahorro económico. Actualmente, el Poder Judicial emite alrededor de 90 mil notificaciones al año, lo que implica un gasto superior a los 1.500 millones de pesos. Según explicó Olivares Yapur, ese costo podría reducirse de manera significativa con la implementación del sistema digital.
Además, la medida permitirá reorganizar recursos. En el esquema actual, la Policía interviene en muchos casos para concretar notificaciones, un proceso que suele enfrentar dificultades cuando el destinatario no se encuentra en su domicilio. Con la digitalización, ese circuito se simplificará y se espera una mejora en los tiempos de respuesta.
El sistema vigente, basado en múltiples modalidades de notificación según el fuero, también será reemplazado progresivamente por un modelo más uniforme. Sin embargo, la transición será gradual. “El objetivo es migrar a un sistema totalmente digitalizado y por el momento vamos a trabajar de forma paralela con la notificación personal y física”, indicó el titular de la Corte.
En una primera etapa, la herramienta funcionará a modo de prueba mientras se ajustan los aspectos legales y técnicos necesarios para su implementación definitiva. “Vamos a trabajar con la notificación digital a tipo de prueba mientras se preparan los instrumentos jurídicos necesarios”, precisó.
El presidente del tribunal aseguró que las primeras evaluaciones fueron positivas. “Ya se ha hecho un testeo y se ve que el proyecto es absolutamente exitoso”, afirmó, al tiempo que remarcó que el objetivo final es avanzar hacia un sistema más eficiente, accesible y alineado con las demandas digitales de la sociedad.
En paralelo, Olivares Yapur también se refirió a la investigación interna por amenazas registradas en el ámbito judicial. Confirmó que no se descarta una denuncia penal, aunque la decisión dependerá de los resultados del sumario administrativo en curso. “Hasta no conocer el resultado de la investigación, no descartamos nada”, señaló.
El magistrado explicó que no hay plazos definidos para la resolución del sumario, ya que se encuentra en etapa de recolección de pruebas. Además, remarcó que el personal involucrado continúa en funciones bajo el principio de inocencia, hasta tanto se determinen responsabilidades.
