El argumento oficial se apoya en que el PEVI tenía un plazo vencido desde 2020 y que su continuidad nunca fue formalmente aprobada. En ese marco, el Ejecutivo resolvió cerrar el ciclo y avanzar hacia un modelo sin financiamiento compulsivo, con mayor peso del sector privado.
La decisión tuvo rápido impacto en la industria, donde las posiciones volvieron a quedar expuestas.
Por un lado, Bodegas de Argentina celebró la medida y la definió como un “paso histórico” hacia la competitividad. Desde ese espacio sostienen que la eliminación del aporte representa un alivio económico inmediato y permite que los recursos queden dentro de las empresas para inversión y desarrollo. Además, valoraron la exigencia de rendición de cuentas a COVIAR y el traslado de fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En la misma línea, desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan respaldaron la decisión y cuestionaron los resultados del plan estratégico. Consideran que el esquema anterior no logró mejorar la rentabilidad del productor ni cumplir objetivos centrales como aumentar el consumo o las exportaciones. También advirtieron que, durante su vigencia, se redujo significativamente la cantidad de viñateros y bodegas.
Del otro lado, el silencio y la cautela marcaron la reacción de algunos sectores. Desde la Cámara Vitivinícola de San Juan admitieron no tener precisiones sobre la medida, lo que dejó en evidencia la incertidumbre que genera el nuevo escenario en parte de la cadena productiva.
En términos operativos, la resolución ordena al INV dejar de recaudar los aportes de manera inmediata, mientras que COVIAR tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final con la rendición de cuentas. La entidad no se disuelve, pero pierde su principal herramienta de financiamiento.
El trasfondo de la medida refleja una disputa de larga data dentro del sector, con cuestionamientos sobre la representatividad, el uso de fondos y la efectividad de las políticas aplicadas. Ahora, con el fin del aporte obligatorio, se abre una nueva etapa donde la planificación y promoción del vino argentino deberán redefinirse sin un esquema centralizado.
