Posteriormente, en julio, ambas partes firmaron un acuerdo para cumplir con la resolución del EPRE, y se estableció que cualquier diferencia futura sería sometida a consulta del ente regulador.
Acción judicial y defensa
El organismo también señaló que no tiene confirmación sobre si la deuda fue regularizada y que solo tuvo acceso a trascendidos sobre declaraciones de la gestión de Romina Rosas en torno a una acción judicial para pedir la nulidad de la resolución.
“Respetando el derecho a acudir a la Justicia, una vez que esta Autoridad Regulatoria sea notificada formalmente de la demanda, se presentarán en dicha instancia todos los fundamentos técnicos y legales que hacen a su defensa, que otorgan total solidez técnica a la Resolución del EPRE, la cual goza de presunción de legitimidad y posee fuerza ejecutoria”, indica el comunicado.
Riesgos para el sistema eléctrico
Por último, el EPRE advirtió que la deuda prolongada representa riesgos para la previsibilidad del Sistema Eléctrico Provincial, dado que es necesario asegurar la sostenibilidad económica del servicio para todos los usuarios. También subrayaron que el cálculo realizado no solo fue el más equitativo posible, sino que además sugirió un procedimiento de control hasta que el Municipio instale los medidores correspondientes y regularice su situación a futuro.
