La medida considera que la situación extremadamente crítica en materia económico-financiera que atraviesa actualmente nuestro país, afectan directamente al Gobierno de San Juan, por gravitar profundamente sobre el orden económico social en general y sobre la obra pública en particular, poniendo la actividad en estado de emergencia ante el riesgo de la discontinuidad de aquellas obras ya iniciadas, con un fuerte impacto en los aspectos sociales, económicos y productivos.
Es también recurrente el reclamo de las empresas aludiendo a la distorsión entre los precios reales de mercado y los precios contractuales calculados por aplicación de índices del Decreto Nacional 691/16 y Decreto Provincial 0028/16, cuya consecuencia es el incumplimiento de los plazos de obra o, en casos más complejos, su paralización lisa y llana.
Estas distorsiones, sumadas a las restricciones en la importación de insumos claves, a las dificultades para acceder a otras divisas para cancelar compromisos previamente contraídos, a las limitaciones para la obtención de créditos y a los inconvenientes para acceder a los habituales mercados para la compra de materiales e insumos, dificultan gravemente las posibilidades de cumplimiento de los diversos contratos de obra pública vigentes.
Por esto es declarada la Emergencia en materia de Obra Pública, en toda la provincia de San Juan, con la finalidad de paliar las distorsiones significativas desde el punto de vista económico actual, a través de la implementación de acciones que puedan garantizar la realización, continuidad y culminación de las obras en pos de proteger los intereses públicos y el cuidado del bienestar general.
