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La subdirectora Daniela Cangialosi habló con sanjuan8.com y aclaró que las viviendas no fueron entregadas en ninguno de los casos. Esto quiere decir que las promesas de Videla no fueron cumplidas de ninguna manera. "No hubo adjudicaciones porque el sistema para adjudicar una vivienda está controlado", manifestó.
La funcionaria destacó que la investigación comenzó con la denuncia concreta de cuatro personas que se animaron a contar la situación en Viviendas, "a sabiendas que las operaciones se realizaron en un contexto ilegal".
Como este tipo de adjudicaciones que Varela prometía no eran lícitas, "no todos quisieron hablar", explicó Cangialosi; de esta manera expresó que existe la sospecha de que los damnificados fueron una gran cantidad, porque ya se conoce que al menos 18 fueron parte de la transacción de dinero a cuentas de Varela. Por su parte, desde la Fiscalía aseguraron a sanjuan8.com que creen que unas 30 personas fueron perjudicadas por este tipo de engaños.
A Varela le congelarán los activos, es decir las cuentas que opera. También investigarán a su entorno más cercano por la posibilidad de que haya algún involucrado. La investigación tiene un plazo de ejecución de 1 año y mientras tanto, V4arela permanecerá preso por 4 meses, según lo dispuesto esta mañana por la jueza Celia Maldonado.
Cómo saber si no sos víctima de estafa
Desde el Instituto Provincial de la Vivienda se advierte que la repartición no vende viviendas ni carpetas y que no posee gestores que trabajen a su nombre. Es por ello que solicita a la población precaución y realizar la denuncia ante situaciones como:
Ofrecimiento de carpetas de barrios del IPV por parte de particulares y no de entidades reconocidas.
Cobro de supuestas cuotas en domicilios.
Supuestos empleados o familiares de empleados del Instituto que prometen acceso a viviendas a cambio de dinero.
Personas que ofrecen casas deshabitadas a cambio de dinero.
Ofrecimientos por parte de un particular de cancelaciones de viviendas por pago de efectivo
Pedidos de información en domicilios por personas no debidamente identificadas como pertenecientes al IPV.
Ante alguna de estas maniobras, la ciudadanía debe realizar la denuncia formal en cualquier comisaría o subcomisaría de la provincia.
Asimismo, cabe recordar que el IPV cuenta con estrictos controles por sistema y que sólo se reciben pagos de cuotas mediante medios electrónicos de entidades bancarias oficiales. Sumado a ello, que las viviendas sociales entregadas por el Instituto y que aún no están canceladas no pueden estar deshabitadas ni ser alquiladas o vendidas. En caso de presentarse alguna irregularidad, se realiza un proceso con el objetivo de recuperar la vivienda.