La iniciativa pretende establecer un marco legal que incentive la contratación de trabajadores locales, fortalezca a los proveedores sanjuaninos y promueva una mayor integración entre las empresas mineras y las comunidades donde se desarrollan los proyectos. También incorpora herramientas de transparencia, monitoreo y registros públicos para evaluar el impacto económico que genera la actividad en la provincia.
Uno de los aspectos centrales, según explicó Fernández, es que cada emprendimiento minero deberá presentar un diagnóstico sobre la demanda de empleo y de bienes y servicios que requerirá durante las distintas etapas del proyecto.
"Se busca conocer cuáles son los perfiles laborales que van a demandar, en qué cantidades y con qué niveles de preparación. Lo mismo ocurre con los proveedores: queremos identificar qué bienes y servicios necesitarán y cuál es la oferta disponible en San Juan para detectar las brechas existentes", explicó el funcionario.
A partir de ese análisis, el Gobierno pretende planificar la capacitación de trabajadores y el fortalecimiento del entramado empresarial local. "Esto nos permite preparar tanto al recurso humano como a los proveedores para lograr el mayor grado de valor agregado en la provincia por parte de la actividad minera", sostuvo Fernández.
Otro de los puntos que remarcó el ministro es que la futura ley no establecerá cupos obligatorios, sino que exigirá compromisos concretos por parte de las empresas.
"Lo que exige es presentar planes, analizar las brechas entre oferta y demanda, proponer acciones para reducirlas y asumir objetivos que serán medibles y evaluados durante el desarrollo de cada proyecto", explicó. Como incentivo, la iniciativa contempla la posibilidad de otorgar bonos de crédito fiscal para aquellas compañías que alcancen determinadas metas de desarrollo local.
Entre los objetivos fijados aparecen un 80% de contratación de mano de obra local y un 60% de compras a proveedores sanjuaninos, siempre sobre la base de bienes y servicios que efectivamente puedan ofrecer empresas radicadas en la provincia.
Fernández también destacó que la norma fue trabajada junto a distintos actores del sector y aseguró que cuenta con respaldo tanto de cámaras de proveedores como de las empresas operadoras. "Es un proyecto que no solo fue elaborado con las cámaras que representan a los proveedores mineros, sino que también recibió aportes de la Cámara Minera, que nuclea a las operadoras", señaló.
Además, explicó que uno de los objetivos es mejorar la competitividad de las empresas locales mediante certificaciones, capacitación y herramientas que les permitan acceder a licitaciones de mayor envergadura.
"Los proveedores podrán conocer qué aspectos necesitan mejorar cuando no resulten adjudicados, generando un proceso de mejora continua para competir en igualdad de condiciones", afirmó. Respecto al tratamiento legislativo, el ministro se mostró optimista sobre los tiempos parlamentarios y aseguró que el Ejecutivo espera una pronta definición.
"Nuestra intención siempre fue que el trámite sea lo más breve posible, aunque entendemos que los diputados deben analizar el contenido antes de llevarlo al recinto. Si no surgen mayores dudas, podría obtener un dictamen rápido y ser tratado por la Legislatura en los próximos días", concluyó.
Con ese escenario, todo indica que este jueves la Cámara de Diputados tendrá en sus manos una de las leyes consideradas estratégicas por el Gobierno de Marcelo Orrego para acompañar el crecimiento de la minería y ampliar su impacto sobre la economía sanjuanina.
