Del encuentro participaron los intendentes de Jáchal, Calingasta, Ullum e Iglesia, además de diputados provinciales de Jáchal y Sarmiento, representantes de la Cámara Minera de Calingasta (CASEMICA), la Defensoría del Pueblo, la CGT San Juan, el Sindicato Luz y Fuerza, la Asociación Amas de Casa, el Centro de Ingenieros de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes, la Cámara de Energías Renovables y otras instituciones.
Durante la exposición, las autoridades del EPRE explicaron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos de la presentación elevada al ENReGE, además de las distintas alternativas planteadas para compatibilizar el desarrollo de la minería con la protección de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico de San Juan.
Según se informó, los asistentes manifestaron su respaldo al desarrollo de la actividad minera y coincidieron en la necesidad de que los proyectos comiencen a ejecutarse cuanto antes. No obstante, también apoyaron de manera unánime la decisión del EPRE de presentar una oposición formal y fundamentada al pedido de acceso a la red, posición que podría ser revisada si las empresas mineras suscriben acuerdos de mitigación.
Uno de los aspectos centrales del debate fue el análisis de un estudio técnico independiente elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el CONICET. El informe validó el criterio de mitigación propuesto por el EPRE y sostuvo que se encuentra en línea con prácticas regulatorias aplicadas en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Perú.
Como principal conclusión, el Consejo Asesor consideró que la propuesta presentada por el EPRE es "técnicamente sólida, económicamente equitativa y plenamente fundamentada" en estándares regulatorios internacionales.
Asimismo, los participantes remarcaron que el principio de libre acceso a la red eléctrica no puede interpretarse como un derecho absoluto que permita a un agente privado utilizar sin costo la capacidad disponible de una infraestructura pública que fue financiada históricamente con recursos provinciales y con el aporte de los usuarios a través de las tarifas eléctricas.
Finalmente, el Consejo resolvió realizar un seguimiento permanente del proceso mientras aguarda la resolución definitiva que deberá emitir el ENReGE sobre el pedido de acceso a la red de transporte eléctrico para el proyecto minero.