"He presentado una segunda ampliación en la denuncia del acueducto Gran Tulum para que se investigue si la licitación fue direccionada para que ganara una empresa en perjuicio de los intereses de la provincia de San Juan", afirmó el letrado.
El abogado subrayó que las consecuencias del caso van más allá de lo económico. "No solamente desde el punto de vista económico sino también de la salud pública, porque estamos hablando de una obra que se está devolviendo el dinero —el famoso préstamo de los QIT— pero el acueducto no está, y eso afecta al consumo de agua potable de los sanjuaninos", sostuvo.
El problema de los plazos
El núcleo del planteo de Arancibia es jurídico y urgente. Explicó que ya están venciéndose los primeros 90 días hábiles judiciales que tiene la Fiscalía para resolver si formaliza la investigación —lo que equivale a imputar formalmente la existencia de un delito— o bien archiva o desestima la causa.
El problema es que el tiempo también corre en otro sentido. El letrado señaló que el 24 de junio de 2020 es una fecha clave: ese día el Estado tomó conocimiento formal del informe que da sustento a la investigación. Y el delito de administración fraudulenta contra el Estado prescribe a los seis años.
"Es dable preguntarse qué pasa si no se formaliza, porque la formalización es lo que interrumpe los plazos de prescripción. Si no se formaliza y simplemente se pide la prórroga del plazo para investigar por 90 días hábiles más, es probable que el 25 de junio estemos discutiendo si uno o todos los delitos han prescripto", advirtió Arancibia.
La exigencia al Ministerio Público Fiscal
El querellante fue explícito al momento de señalar responsabilidades institucionales. Sostuvo que una eventual prescripción no solo beneficiaría a los posibles autores de los hechos investigados, sino que también implicaría una falla grave del propio sistema judicial.
"No estamos hablando solamente de que habrían posibles autores que han cometido esta defraudación y diversos delitos contra la administración pública, sino también de una justicia, un Ministerio Público Fiscal que por su inacción ha permitido o habrá garantizado cierta impunidad. Esto la Asociación Juarina no lo puede permitir", afirmó.
El pedido concreto que Arancibia trasladó a los fiscales a cargo de la causa fue directo: "Lo que le estoy pidiendo es que formalicen, que no den más vueltas pidiendo prórrogas, que formalicen porque tienen elementos suficientes como para pedirle a un juez de garantías que se investigue".
