Finalmente, los miembros de dicha Corte deberán definir quién es el juez competente que trabajará la causa. Si es el juez Eduardo Raed, que comenzó con el expediente y denegó el pedido de probation o Leopoldo Rago Gallo, por la Justicia Federal. Esto ocurre porque hubo otro pedido que fue independiente al de la recusación por probation. Tuvo que ver con la competencia, es decir quién debía juzgar este hecho.
Fue la defensora Manuelita Moreno Ferrer, quien impulsó la solicitud de que la investigación del hecho quede en manos de la Justicia Federal y no de la provincia, por tratarse de la desobediencia a un decreto gestado en el gobierno nacional de Alberto Fernández. Este sábado, la abogada confirmó a sanjuan8.com que la situación de la causa está en manos del procurador nacional.
"Suspendieron el tratamiento de los recursos de casación provinciales. Remitieron las actuaciones a Flagrancia, para que el juez original que es Eduardo Raed, contestara el oficio inhibitorio del juzgado Federal. Esa contestación con copia de las actuaciones, es lo que se envió digitalmente el juzgado Federal a la Corte", explicó.
Lo cierto es que la Corte Suprema no tiene plazos de resolución y a esto, se le suma que dentro de un año, la causa caducará, es decir que se cumplirá el plazo de investigación a nivel local, según lo establecido por Flagrancia. Entonces, los plazos que se manejan comienzan a descontarse lentamente para determinar si se suspende o no el juicio y se designan tareas comunitarias; o se eleva a juicio y se emite sentencia por desobediencia; pero principalmente por poner en riesgo la seguridad de la población en un conflicto por la salud pública, por la pandemia del Covid-19.
