El caso es investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. El fiscal Pablo Martín explicó cómo se produjo el engaño y destacó la cantidad de operaciones realizadas en un período muy corto.
Según relató el funcionario, todo comenzó cuando el administrativo de la ortopedia necesitó comunicarse con el banco para realizar una operación. En lugar de utilizar un canal oficial, buscó el número telefónico en Google. Realizó una llamada, cortó y posteriormente recibió el contacto de quienes terminarían concretando la maniobra.
Los delincuentes se hicieron pasar por personal vinculado al banco y le hicieron creer al responsable de la empresa que existía un problema de seguridad en la cuenta.
Martín explicó que lo convencieron de que se habían detectado movimientos sospechosos y que era necesario realizar determinados pasos para solucionar el inconveniente y proteger el dinero. Bajo ese argumento, lo guiaron durante una serie de procedimientos hasta conseguir sus datos de acceso.
Una vez que obtuvieron las credenciales, comenzaron las transferencias.
La magnitud de los movimientos llamó especialmente la atención de los investigadores. De acuerdo con el fiscal, se realizaron casi 30 operaciones en menos de dos días, con transferencias individuales que fueron desde aproximadamente $1 millón hasta $10 millones.
En total, el perjuicio para la empresa rondó los $200 millones.
Uno de los puntos que ahora intenta determinar la investigación es qué ocurrió con el dinero después de que salió de la cuenta de la ortopedia.
Según explicó Martín, los fondos habrían sido distribuidos a través de distintas cuentas intermediarias y posteriormente podrían haber sido derivados hacia billeteras virtuales o circuitos vinculados con criptomonedas. Ese mecanismo dificulta seguir el recorrido del dinero y, especialmente, recuperar los fondos.
Desde la fiscalía se realizaron medidas destinadas a bloquear cuentas receptoras. Sin embargo, la velocidad con la que los estafadores trasladan el dinero representa una de las principales dificultades para intentar recuperarlo.
La denuncia, además, fue realizada días después de concretadas las operaciones, un factor que también complica las posibilidades de bloqueo inmediato.
En principio, los investigadores sospechan que detrás de la maniobra podrían encontrarse personas que operan desde Córdoba, aunque la pesquisa continúa y busca establecer quiénes participaron, cómo se distribuyó el dinero y cuál fue su destino final.
El fiscal cuestionó la falta de alertas ante los movimientos
La cantidad y el volumen de las transferencias también generaron interrogantes dentro de la investigación. Martín consideró que una sucesión de operaciones de esas características debería haber generado algún tipo de advertencia.
El fiscal señaló que se trató de movimientos anormales para una cuenta empresarial y planteó el interrogante sobre por qué no se activó una alerta automática frente a una operatoria de semejante magnitud en un período tan corto.
Mientras la UFI continúa con las medidas para identificar a los responsables y seguir el recorrido del dinero, el caso vuelve a poner el foco en una modalidad de fraude que comienza fuera de las plataformas bancarias, pero termina con el acceso directo a las cuentas de las víctimas.
A partir de este caso, Martín insistió en la importancia de utilizar únicamente canales oficiales para comunicarse con una entidad bancaria.
El fiscal recomendó no buscar números telefónicos de bancos a través de Google, ya que los resultados pueden llevar a contactos que no pertenecen a la entidad y ser utilizados para iniciar una maniobra de ingeniería social.
La recomendación es comunicarse mediante la aplicación oficial del banco, su página institucional o un número que figure previamente en documentación bancaria o resúmenes recibidos por el cliente.