Según fuentes vinculadas al caso, los hermanos estaban siendo investigados en una causa relacionada con un cultivo de cannabis. A través de un conocido habrían llegado hasta Cantero, quien, según denunciaron, les aseguró que tenía contactos dentro del Juzgado Federal y que podía intervenir para evitar que el expediente avanzara.
La maniobra, siempre de acuerdo con la denuncia, tenía un costo: $9 millones. Los hermanos entregaron el dinero, pero con el paso del tiempo advirtieron que la gestión prometida no se había concretado y decidieron recurrir a la Justicia.
La nueva denuncia quedó bajo investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Por el momento, el expediente no fue formalizado y será necesario avanzar con las medidas de prueba para determinar si la maniobra existió y cuál fue la participación de Cantero.
El nuevo caso aparece mientras la joven cumple una condena de siete meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria por otra investigación. En aquella causa, la Fiscalía le atribuyó tres hechos de defraudación por engaño vinculados con falsas promesas de cargos en la Justicia Federal, además de la falsificación de documentos.
La investigación había establecido, según la acusación, que Cantero se presentaba como empleada del Poder Judicial y ofrecía puestos laborales a cambio de dinero. Para sostener esas promesas habría utilizado documentación falsa y resoluciones con firmas apócrifas atribuidas a integrantes de la Corte Suprema y a un juez federal.
En total, fueron tres las personas que denunciaron haber entregado dinero bajo esas supuestas promesas, con un perjuicio que superaba los $12 millones.
El caso tuvo además otro episodio que terminó complicando su situación procesal. Cantero había faltado a una audiencia y presentó un certificado médico para justificar su ausencia. El profesional cuyo nombre figuraba en el documento negó haberlo confeccionado, firmado o sellado. A partir de esa situación, la Fiscalía avanzó también por la presunta falsificación del documento.
El juez de Garantías Diego Sanz resolvió entonces imponerle siete meses de prisión preventiva. Sin embargo, su defensora, María Filomena Noriega, solicitó que la medida se cumpliera en el domicilio debido a que Cantero tenía un hijo pequeño y se encontraba en período de lactancia. El pedido fue concedido.
Pero los antecedentes judiciales de Cantero comenzaron antes de esa causa. En 2023 había sido denunciada por una presunta estafa relacionada con la compra de un teléfono celular, luego de que supuestamente presentara un comprobante falso de transferencia. Finalmente, devolvió el dinero a la víctima y obtuvo una salida alternativa.
En 2025, volvió a ser investigada por otra presunta estafa. En ese expediente, una familia denunció que Cantero les había cobrado alrededor de $70 millones con la promesa de ayudarlos a recuperar una propiedad y realizar gestiones judiciales. La causa avanzó con una imputación por defraudación.
Ahora, la nueva denuncia incorpora otro capítulo a su historial judicial. La acusación todavía debe ser investigada y no existe por el momento una imputación formal por esta última maniobra, pero la Fiscalía deberá determinar si efectivamente recibió los $9 millones, qué ofreció a cambio y si tenía algún tipo de contacto real con el expediente federal que mencionó a los denunciantes.
Mientras tanto, Cantero continúa cumpliendo la prisión domiciliaria dispuesta en la causa anterior y el nuevo expediente avanza por separado para establecer si existió otra maniobra de estafa.