La maniobra fue detectada cuando la propietaria del rodado, expareja de uno de los imputados, advirtió el trámite y presentó una denuncia. A partir de allí se inició una causa en la Justicia Federal por el presunto uso de un instrumento público falsificado.
Cuando el expediente avanzaba hacia la instancia de juicio oral, la defensa, encabezada por la abogada María Filomena Noriega, solicitó la suspensión de juicio a prueba. El planteo fue aceptado y ambos imputados deberán cumplir durante un año distintas reglas de conducta, entre ellas realizar donaciones mensuales de leche a una institución de bien público.
Si cumplen con todas las condiciones impuestas por el tribunal, la acción penal quedará extinguida y la causa se cerrará sin una condena.
En paralelo, otra resolución judicial tuvo un resultado completamente diferente para Omar Alejandro Heredia, un hombre que actualmente cumple una condena en el Servicio Penitenciario Provincial.
Durante una audiencia realizada este viernes, la defensa intentó modificar el cómputo de la pena con el objetivo de adelantar la fecha de finalización de la condena. El planteo se basó en que se contabilizaran determinados períodos de prisión preventiva cumplidos antes del juicio.
Sin embargo, el fiscal Atilio Yanardi sostuvo que esos tiempos ya habían sido contemplados dentro de una condena anterior que luego fue unificada con la actual. Tras analizar los argumentos de ambas partes, la jueza Flavia Allende rechazó el pedido y confirmó que Heredia deberá permanecer detenido hasta la fecha ya establecida por la Oficina Judicial Penal: el 19 de noviembre de 2028.
Dos caminos judiciales opuestos
En el caso de los vecinos de Caucete, se trató de una causa sin condenas previas conocidas y relacionada con una presunta maniobra documental ocurrida hace más de una década, situación que permitió acceder a una salida alternativa prevista por la legislación penal.
La realidad de Heredia es diferente. Según detalló la Fiscalía, acumula al menos cinco condenas previas y registra antecedentes por hechos de violencia de género, robo y hasta una fuga del Penal de Chimbas ocurrida en 2019 durante una salida transitoria.
Su última condena deriva de un episodio ocurrido en julio de 2025, cuando agredió a su pareja, la amenazó y le sustrajo el teléfono celular. Por esos delitos recibió una pena que luego fue unificada, fijándose tres años de prisión efectiva.
Las resoluciones conocidas esta semana muestran dos escenarios contrapuestos dentro del sistema penal. Mientras una causa por una presunta falsificación documental encontró una salida alternativa que evitará el juicio oral, un condenado con un amplio historial delictivo no logró acceder a un beneficio que redujera su tiempo en prisión.
