El dato que también surge de la resolución es que el dinero involucrado en las maniobras no fue devuelto. La condena establece la pena de prisión, pero los millones por los que fue acusado no fueron restituidos a las víctimas.
La investigación había comenzado a tomar fuerza en 2025, cuando comenzaron a acumularse denuncias contra Jofré en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Una parte importante de los damnificados eran compañeros de trabajo del Penal de Chimbas, quienes aseguraron haberle entregado dinero para participar de supuestos negocios que prometían importantes ganancias.
Según la acusación fiscal, Jofré utilizaba diferentes propuestas comerciales para convencerlos de invertir. Entre ellas mencionaba operaciones vinculadas con harina, aceite, materiales de construcción y préstamos informales, además de supuestas inversiones relacionadas con la panadería de su padre y servicios para un municipio.
La mecánica, de acuerdo con la investigación, consistía en ofrecer inicialmente rendimientos elevados. En algunos casos hablaba de 30% de ganancias y posteriormente incrementaba la promesa hasta el 50%.
Para generar confianza, habría entregado pequeñas sumas de dinero a algunos inversores en concepto de supuestas ganancias. Esa modalidad habría contribuido a que otras personas se incorporaran y entregaran nuevos fondos.
Con el paso del tiempo, sin embargo, las ganancias prometidas dejaron de aparecer y tampoco se devolvieron los capitales entregados. Algunos damnificados incluso habrían recurrido a créditos o utilizado sus ahorros para poder ingresar a los negocios que Jofré ofrecía.
Jofré permanecía detenido desde el 5 de septiembre de 2025, después de que las denuncias de sus compañeros comenzaran a multiplicarse.
La investigación continuó durante los meses siguientes y el objeto de la causa se amplió hasta alcanzar los 53 hechos que finalmente fueron incluidos en la condena. Por eso, el perjuicio económico atribuido al penitenciario quedó establecido en una cifra superior a $264 millones.
La Fiscalía, representada por Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, acordó con la defensa llevar el caso a un juicio abreviado. Jofré fue condenado como autor de defraudación por engaño, delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, y bajo la modalidad de concurso real, debido a la existencia de múltiples hechos independientes.
La pena acordada fue de cuatro años de prisión efectiva, por lo que no se trata de una condena en suspenso.
Por el momento, Jofré continuará alojado en la Comisaría Chimbas Sur. Allí permanecerá durante el plazo previsto para que la sentencia quede firme. Cumplidos esos 10 días, si no existe una modificación de la resolución, será trasladado al Servicio Penitenciario.
La misma audiencia tuvo otra resolución importante. Los otros tres imputados que estaban vinculados a la causa fueron sobreseídos. Se trata de Américo Jofré, padre del condenado; Carla Jofré, su hermana; y Gabriela del Rocío González, su expareja.
Los tres habían sido señalados inicialmente como posibles partícipes necesarios de las maniobras investigadas.
Sin embargo, durante la audiencia la Fiscalía sostuvo que no existían elementos suficientes para demostrar que hubieran actuado con conocimiento y voluntad de participar en las defraudaciones.
En términos jurídicos, no pudo acreditarse el dolo, es decir, que conocieran la maniobra y hubieran intervenido deliberadamente para concretarla. Por eso, mientras Jofré terminó condenado a cuatro años de prisión efectiva por los 53 hechos, los otros tres acusados quedaron desvinculados de la causa.
