La investigación comenzó en marzo con 31 denuncias, pero con el avance de la causa la cantidad de damnificados creció hasta llegar a 75 hechos de estafa. Según Fiscalía, la pareja montó una estructura basada en una “fachada de solvencia” con oficinas en Capital y Santa Lucía para generar confianza, aunque las empresas no tenían CUIT ni registros impositivos.
El esquema apuntaba especialmente a personas del entorno cercano de los acusados. Aprovechando su vínculo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, captaron dinero de familiares, amigos y otros fieles, prometiendo ganancias extraordinarias de entre el 4% y el 6% semanal mediante supuestas inversiones mineras y capitales externos que nunca pudieron acreditar.
Además de dinero, recibían vehículos como forma de inversión, entre ellos autos y motos de alta gama. El sistema comenzó a derrumbarse en septiembre de 2025, cuando dejaron de cumplir con los pagos comprometidos.
En medio del colapso, los imputados intentaron evitar denuncias ofreciendo planes de pago inviables, entregando vehículos dañados o incluso devolviendo rodados que pertenecían a otros inversores. La aparición de cheques rechazados terminó de profundizar la situación judicial.
Tras conocerse el fallo, ambos fueron retirados esposados de la sala y trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde comenzarán a cumplir sus condenas.
