Según la teoría fiscal, Algarilla ofrecía desde 2022 una “Tecnicatura de Evisceración y Morgue” asegurando que contaba con respaldo del Ministerio de Educación y vínculos con instituciones universitarias. A cambio, cobraba cuotas mensuales a alumnos que buscaban una rápida salida laboral en el ámbito de Salud Pública o el Poder Judicial.
Sin embargo, la investigación sostiene que la carrera nunca estuvo habilitada oficialmente y que ni la Universidad Católica de Cuyo ni organismos educativos reconocían el supuesto trayecto formativo.
Las denuncias que dieron origen a la causa fueron presentadas por cuatro alumnas, aunque durante la investigación surgieron más personas que aseguraron haber sido perjudicadas.
Uno de los puntos más delicados expuestos en la audiencia tiene que ver con las presuntas prácticas irregulares realizadas dentro de la morgue del Hospital Marcial Quiroga, lugar donde Algarilla trabajaba como auxiliar.
De acuerdo con los testimonios incorporados por Fiscalía, el imputado utilizaba su condición de empleado para ingresar con alumnos al sector de morgue sin autorización formal. Incluso, según declararon algunas denunciantes, les pedía que dijeran al personal de seguridad que eran estudiantes de Medicina para evitar controles.
Durante la primera jornada también declaró una exalumna, quien aseguró que las clases prácticas se realizaban entre cadáveres y animales utilizados para demostraciones. La testigo además aportó fotografías y relató que comenzaron a sospechar de la supuesta tecnicatura cuando advirtieron que no existía plan de estudios oficial ni documentación respaldatoria.
La causa sostiene que el recorrido de la falsa carrera fue mutando con los años. Primero habría funcionado en el Instituto Christine, luego en el Centro de Capacitación Eleva y finalmente bajo el nombre de “Instituto de Capacitación Algarilla”, instalado en Trinidad.
En paralelo, las cuotas habrían ido aumentando considerablemente: comenzaron rondando los 5 mil pesos y terminaron cerca de los 30 mil mensuales.
Desde la defensa, encabezada por el abogado Jorge Guillén, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que Algarilla sí posee formación técnica vinculada al trabajo de morgue, aunque reconocieron que no cuenta con habilitación docente. El letrado además intentó desligar a su defendido señalando que las responsables institucionales de los centros de capacitación también deberían responder por lo ocurrido.
Fiscalía, en cambio, sostiene que Algarilla utilizó engaños y falsas acreditaciones para captar estudiantes y hacerles creer que accederían a una formación oficial.
La investigación determinó que el acusado posee un título de técnico eviscerador emitido por una institución de Rosario, pero que nunca estuvo habilitado para dictar una tecnicatura reconocida oficialmente.
El juicio continuará durante los próximos días con nuevas declaraciones testimoniales y exposición de pruebas documentales. Algarilla enfrenta el proceso en libertad y está acusado por cuatro hechos de estafas reiteradas.
