La pena impuesta fue de un mes de prisión de cumplimiento condicional y dos meses de inhabilitación para ejercer la medicina.
Durante la audiencia, el magistrado no explicó en detalle los fundamentos por los cuales descartó el delito de estafa, uno de los puntos centrales impulsados por la fiscalía y la querella.
Tras conocerse el fallo, tanto el Ministerio Público Fiscal como los representantes de la familia denunciaron que aguardarán los fundamentos completos de la sentencia para analizar una posible impugnación.
“El MPF va a esperar la lectura de los fundamentos a los fines de impugnar esta sentencia. Habíamos solicitado tres años de prisión y seis años de inhabilitación”, señaló el fiscal Nicolás Schiattino al finalizar la audiencia.
La causa se originó luego de la denuncia realizada por la familia de Axel Fabián Marinero, un hombre de 34 años que había sufrido la rotura del tendón de Aquiles y fue operado en el Hospital César Aguilar.
Según la acusación, el médico le habría solicitado $250.000 para concretar la intervención quirúrgica, pese a tratarse de un hospital público donde ese tipo de prácticas son cubiertas por el Estado. Durante el juicio, fiscalía presentó conversaciones y un comprobante de transferencia bancaria desde la cuenta del paciente hacia una billetera virtual vinculada al profesional.
Además, trabajadores del hospital declararon que el nosocomio cuenta con los insumos necesarios para este tipo de cirugías y remarcaron que está prohibido exigir pagos a pacientes dentro del sistema público de salud.
Días después de la operación, Marinero falleció por un paro cardíaco, aunque por ese hecho el cirujano fue desvinculado judicialmente y no enfrentó cargos relacionados con la muerte del paciente.
Uno de los momentos más tensos del debate se produjo durante la declaración de una enfermera, quien respondió con dudas sobre las implicancias legales de cobrar prestaciones médicas dentro del sistema estatal.
También generó controversia la ausencia de la directora del hospital, Diana Martínez, quien no se presentó a declarar pese a haber sido citada como testigo clave.
Esa situación motivó pedidos de fiscalía y querella para que fuera convocada bajo apercibimiento de traslado por la fuerza pública.
Finalmente, el juez resolvió remitir actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para que se investigue el rol de la directora dentro del caso.
La decisión judicial dejó firme la condena contra el médico por incumplimiento de sus deberes como funcionario público, pero al mismo tiempo abrió una nueva instancia de investigación sobre posibles responsabilidades dentro de la conducción del Hospital César Aguilar.
