De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, todo ocurrió cerca de las 23.30 del 18 de julio, cuando Pastén fue detenido por presuntas infracciones al Código de Faltas y trasladado a la dependencia policial.
Una vez dentro de la comisaría, la Fiscalía sostuvo que el joven fue llevado hacia un sector del edificio fuera del alcance de las cámaras de seguridad, identificado durante la investigación como un "punto ciego". Allí, los efectivos le habrían ordenado que se desvistiera.
Según expuso Grassi, en ese lugar comenzó una discusión entre el detenido y el cabo José Gabriel Páez. Minutos después se sumaron los otros cuatro policías presentes en la guardia y rodearon al joven.
La acusación sostiene que fue entonces cuando el agente Hernán Ochoa realizó una maniobra violenta que hizo caer a Pastén al piso, provocándole la fractura del peroné de la pierna derecha. Para la Fiscalía, uno de los aspectos más graves del episodio es que ninguno de los otros cuatro efectivos intervino para impedir la agresión.
Una segunda agresión y los gritos registrados por los audios
Siempre según la hipótesis fiscal, el joven fue llevado rengueando hasta un calabozo, aunque la violencia no terminó allí. Grassi afirmó que minutos después Ochoa, Páez y Miguel Alejandro Saldaña ingresaron nuevamente a la celda, redujeron otra vez al detenido, lo arrojaron al piso y lo arrastraron nuevamente hacia el sector sin cámaras y luego hasta un baño.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que los registros de audio de la dependencia captaron los gritos de dolor de Pastén durante esa segunda agresión, elemento que hoy integra el conjunto de pruebas incorporadas a la investigación.
A pesar de la lesión, el joven permaneció detenido durante toda la madrugada. Recién alrededor de las 10 de la mañana fue trasladado al médico legista, quien constató la fractura de peroné y determinó una incapacidad de, al menos, 35 días.
El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de un año para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, pedido que fue aceptado por el juez. Además, individualizó las responsabilidades provisorias de cada uno de los imputados.
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Hernán Ochoa fue imputado por apremios ilegales y lesiones graves agravadas por ser funcionario público, al ser señalado como el presunto autor de la fractura.
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José Gabriel Páez y Miguel Alejandro Saldaña fueron acusados por vejaciones y apremios ilegales, debido a su presunta participación en las agresiones posteriores.
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Lucas Ortiz y Fabián Atencio fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que, según la acusación, presenciaron los hechos sin intervenir.
A esa imputación se suma otra calificación central que atraviesa la causa: el Ministerio Público Fiscal también les atribuyó el delito de incumplimiento de una orden judicial, en concurso real con los demás delitos investigados, por el modo en que se habría desarrollado el procedimiento dentro de la dependencia policial.
Uno quedó preso y cuatro seguirán en libertad
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que Hernán Ochoa permaneciera detenido al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente porque aún deben declarar policías que integraban la guardia de aquella noche.
El juez Caballero hizo lugar al planteo y ordenó 15 días de prisión preventiva para el efectivo. En cambio, Páez, Saldaña, Ortiz y Atencio continuarán el proceso en libertad, aunque deberán cumplir estrictas medidas de coerción.
Entre ellas, tendrán prohibido mantener contacto entre sí, acercarse a la Comisaría 31ª o a la víctima, salir de la provincia sin autorización judicial y deberán presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente. Además, no podrán continuar prestando funciones en esa dependencia policial mientras avance la investigación.
La defensa no objetó el plazo de un año solicitado para la investigación, aunque sí rechazó el pedido de prisión preventiva contra Ochoa y solicitó que recuperara la libertad bajo otras medidas, planteo que finalmente fue rechazado por el juez.
La causa continuará ahora con nuevas declaraciones testimoniales, pericias y el análisis del material probatorio incorporado por la Fiscalía para determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los cinco efectivos imputados.