Espín le explicó a este medio que, en Calingasta, las ordenes de restricción no se colocan, por lo general en metros, porque todos viven cerca, como el caso de Pamela y Ángelo que sólo los separaba una pared. "Además en la misma cuadra hay varios negocios y se pueden cruzar en cualquier parte, por eso se establece la prohibición de acercamiento y comunicación. Esto quiere decir que él no podía molestarla, hablarle, ni mantener comunicación de ningún tipo con ella", dijo.
En el escrito que estuvo firmado por la jueza, se pedía la intervención de Niñez y la asistencia psicoterapéutica para ambos, por considerarlos inmersos en un noviazgo violento. Esa medida se morigeró cuando ella quedó embarazada, es decir, que se le permitió a él mantener comunicación con ella siempre y cuando lo hiciera mediante el respeto y colaborara con su embarazo.
En un escrito firmado por Pamela, su familia, Ángelo, su familia y las autoridades de la Justicia de Paz de Calingasta, se estableció que esto debía cumplirse tal como lo habían establecido y que, ante cualquier falla de Castillo, incurriría en un delito penal. Esto quiere decir que, si se ponía violento debía intervenir directamente la Justicia Correccional por incumplimiento de una norma. La pregunta es ¿se le comunicó a la Policía que él se había puesto nuevamente violento?
"Cuando tomamos conocimiento del pedido de protección solicitado por la madre de la nena, se tomó la medida en cinco días", afirmó la jueza y aclaró que "nunca le comunicaron que la situación había cambiado otra vez entre ellos", precisó.
