Pese a la excarcelación, los imputados deberán cumplir una serie de obligaciones: presentarse periódicamente en una comisaría, no salir de la provincia, evitar cualquier tipo de contacto con los denunciantes y entregar sus documentos de viaje.
Además, cuentan con un plazo de 30 días para realizar el primer pago del acuerdo, que forma parte de un cronograma diseñado para devolver el dinero a los damnificados. Como respaldo del cumplimiento, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y avanzó con embargos sobre cuentas bancarias, propiedades y otros activos registrables.
También se fijaron garantías económicas a través de inmuebles aportados por terceros, principalmente familiares de los acusados, que funcionan como respaldo ante un eventual incumplimiento.
El eje central del proceso será el cumplimiento total del acuerdo. Si los imputados logran completar los pagos en tiempo y forma, la causa penal se cerrará sin llegar a una condena.
En ese escenario, se extinguirá la acción penal, lo que implica que no quedarán antecedentes en su contra y se levantarán todas las medidas vigentes.
El caso generó fuerte impacto en la provincia por la cantidad de denuncias y el volumen económico involucrado, y ahora transita una etapa clave en la que el cumplimiento del acuerdo definirá el desenlace judicial.
