En paralelo, una de las medidas de prueba ya realizadas fue el análisis de dos teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa. Según fuentes allegadas a la investigación, en esos dispositivos no se habrían encontrado videos que registraran el episodio denunciado.
La fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, busca reunir los testimonios de quienes estuvieron en la fiesta para avanzar sobre la reconstrucción de lo ocurrido y determinar si existen elementos que permitan sostener o descartar las sospechas iniciales.
La hipótesis de Fiscalía y la posible existencia de una grabación
Durante la audiencia de formalización, la representante del Ministerio Público expuso la hipótesis sobre lo sucedido en una finca ubicada sobre calle 9, en Médano de Oro, donde se desarrollaba la celebración.
Según la reconstrucción presentada por Fiscalía, la adolescente habría ido hacia el baño cuando Bunda Cortéz presuntamente la abordó y la llevó por la fuerza hasta un sector apartado y con poca iluminación del predio. Allí habría ocurrido el abuso denunciado, pese a la resistencia de la joven.
En ese contexto, otros asistentes se habrían acercado al lugar. Entre ellos fue mencionado un adolescente de apellido Rivas, cuya posible vinculación con una grabación del episodio también forma parte de la investigación.
La existencia de ese material todavía no está confirmada. Según la denuncia, amigos del imputado habrían filmado la agresión sexual, por lo que la fiscalía busca determinar si hubo registros y si pueden ser incorporados como prueba.
La defensa sostiene que el acto fue consentido
Bunda Cortéz negó los hechos durante la audiencia y aseguró que el encuentro sexual fue consentido. Su defensa, a cargo de la abogada Viviana Belén, sostiene su inocencia y anticipó que presentará testigos para respaldar la versión del imputado.
Según lo expuesto por el joven, él no sabía que la adolescente tenía 14 años y se habría apartado cuando sus amigos se lo dijeron. También afirmó que la chica lo buscó cuando salía de los baños de la fiesta.
La jueza Flavia Allende dispuso un mes de prisión preventiva, con alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, y fijó un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria.
La causa continúa bajo la órbita de la UFI ANIVI, mientras la fiscalía espera retomar las entrevistas durante la semana del 16 de noviembre.