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De una estafa inmobiliaria a una nueva denuncia penal por un terreno
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De una estafa inmobiliaria a una nueva denuncia penal por un terreno

Los denunciantes apuntan contra dos empresas sanjuaninas, una condómina y dos abogados por supuestas ocupaciones, daños y utilización de firmas falsificadas en un conflicto que se arrastra desde hace casi 20 años.

Un terreno de una hectárea y media en Rawson volvió a quedar en el centro de una disputa judicial que lleva casi dos décadas. 156 propietarios presentaron una denuncia penal contra dos empresas sanjuaninas, una condómina y sus abogados, a quienes señalan por una presunta maniobra para quedarse con el inmueble.

La presentación fue radicada ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas e incluye acusaciones por asociación ilícita, estafa, usurpación y daños.

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Según los denunciantes, el conflicto estuvo atravesado por ocupaciones de distintos sectores del predio, destrucción de obras y actuaciones judiciales en las que se habrían utilizado firmas falsificadas.

Los señalados son Transportes Becher, que opera comercialmente como Transportes Becher Logística a través de Del Rosario S.A., y Valdivieso Group. La denuncia también alcanza a Martha Susana Cabaña y a los abogados Sonia Graciela Díaz y David Carrizo.

La fiscalía deberá evaluar los elementos aportados y determinar si corresponde avanzar con la investigación.

Los propietarios ubican el origen de la disputa en la década del 90, cuando fueron damnificados por una presunta estafa vinculada a la desaparecida firma Cóndor Propiedades. Como resarcimiento, recibieron el terreno ubicado sobre calle General Acha, en Rawson.

Con el inmueble en su poder, los damnificados intentaron avanzar en un proyecto de urbanización que contemplaba 46 lotes, con apertura de calles y obras de infraestructura.

Según la presentación, la disputa se profundizó cuando Cabaña se opuso a la división acordada y reclamó un lote completo. Ese desacuerdo habría derivado en una serie de conflictos por la distribución y el uso del terreno.

Los denunciantes sostienen que el 22 de julio de 2022 ya habían presentado una denuncia por la presunta utilización de firmas falsas en escritos judiciales. En ese planteo, aseguran que dos pericias concluyeron que las rúbricas cuestionadas no eran auténticas.

Ahora, la nueva presentación incorpora acusaciones por supuestas ocupaciones de distintos sectores del inmueble.

De acuerdo con los propietarios, en 2023 ingresaron camiones de Del Rosario S.A. al predio. También sostienen que, durante 2026, Valdivieso Group habría avanzado sobre otra parte del terreno.

Los denunciantes consideran que esos episodios forman parte de una disputa que comenzó con la estafa inmobiliaria de los años 90 y que, desde entonces, sumó conflictos por la división, las obras y la posesión del inmueble.

La fiscalía deberá analizar la documentación presentada, las pericias mencionadas y los hechos denunciados para establecer si existen elementos que permitan impulsar una investigación penal.

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