El operativo que desenmascaró la maniobra tuvo lugar el pasado 27 de junio, durante un procedimiento rutinario de incineración de drogas en la planta de la empresa INZA (Industria Zapla) en Palpalá, Jujuy. Allí se trasladaron unas dos toneladas de cocaína y marihuana incautadas en distintas causas, entre ellas los tres kilos ahora cuestionados.
Un inspector y un subinspector de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) encabezaron la revisión. También estaba presente personal de la Policía salteña. Pero algo no cerraba. Antes de iniciar la quema de los paquetes, se realizó un narcotest. El resultado fue desconcertante: negativo. Donde debía haber cocaína, había una sustancia amarillenta sin principio activo, similar en textura y forma a la plastilina.
La hipótesis de los investigadores es clara: el cambio de los paquetes se produjo dentro del depósito de la Dirección de Drogas Peligrosas en Orán, con el objetivo de que el fraude pasara desapercibido durante el proceso de destrucción. La imitación era lo suficientemente convincente como para engañar a simple vista, pero no resistió el análisis químico.
El dato no es menor si se considera el valor que tiene la cocaína en el mercado negro. En el norte argentino, un kilo puede llegar a los 2000 dólares, mientras que en grandes centros urbanos como Buenos Aires, esa cifra se eleva hasta 4000 dólares por kilo. El robo no solo implica una pérdida económica significativa, sino que pone en evidencia una estructura interna dispuesta a vulnerar los controles para facilitar la sustracción de droga incautada. Una maniobra que, de no haber fallado ante el horno, habría quedado impune.
Policías bajo sospecha
La investigación judicial se aceleró en las últimas semanas. Un sumario interno llevado adelante por la Policía de Salta derivó en la suspensión preventiva de tres agentes, mientras que otros ocho están siendo investigados por la fiscalía. Aunque por ahora no hay imputaciones formales, todos permanecen bajo la lupa de la Justicia federal.
El caso generó malestar en el gobierno provincial y amenaza con escalar si se comprueba que el robo fue parte de una red más amplia dentro de la fuerza. En un contexto en el que la lucha contra el narcotráfico exige niveles extremos de transparencia, este episodio representa un grave retroceso en la credibilidad institucional.
