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Se trata de operaciones por US$402 millones efectuadas durante noviembre y diciembre pasado. Los controles se efectuaron mediante el cruce de datos con la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Esa metodología que ya se utilizó para detectar e intimar a empresas que recibieron auxilio estatal mediante el programa de Asistencia al Trabajo y el Empleo (ATP) y accedieron a los dólares financieros a pesar de que el plan oficial lo impedía de manera expresa.
Según informaron fuentes del ente recaudador, las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) incluyen operaciones con bonos y/o acciones por más de US$1.000.000, realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.
En ese sentido, se detectaron operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos, indicaron. La AFIP comenzó a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.
Las irregularidades detectadas que están bajo fiscalización
De las fiscalizaciones realizadas por la AFIP, las principales inconsistencias detectadas pueden resumirse en:
Detalles de los cruces de datos y fiscalización
Las tareas de fiscalización de las operaciones financieras (CCL y MEP) impulsadas por la DGI y la CNV se suman a las verificaciones electrónicas realizadas por la AFIP durante 2020.
Entre octubre y diciembre, el organismo realizó controles sobre distintas bases de datos que le permitieron iniciar más de 36.300 fiscalizaciones electrónicas (controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente online). El mecanismo de fiscalización que facilitó las tareas de control en el marco de la pandemia de coronavirus arrojó en sus primeros tres meses de vigencia ingresos por más de $1100 millones en impuestos adeudados.
De acuerdo con lo informado por AFIP, esos contribuyentes comenzaron a rectificar sus declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal.
Las fiscalizaciones electrónicas fueron iniciadas por el ente recaudador por detectar una subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales; utilización de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal); tenencias declaradas como exentas en Bienes Personales (FCI y ONs); rendimientos originados en aportes a SGR que no fueron declarados en Ganancias; falta de presentación del impuesto cedular (por el blanqueo de capitales).
FUENTE: TN