Aunque el caso fue completamente ficticio, el desarrollo del debate siguió las mismas reglas que tendría un juicio real. La historia giró en torno a la muerte de una joven abogada en una habitación de hotel y la acusación contra un hombre con quien mantenía una relación sentimental. A partir de allí, Fiscalía y Defensa expusieron sus teorías, presentaron pruebas y sometieron a interrogatorios a los distintos testigos.
El nivel de realismo fue uno de los aspectos más destacados de la jornada. Incluso participaron estudiantes de otras carreras para interpretar a peritos y profesionales vinculados a la investigación. Antes del simulacro, todos los participantes recibieron capacitaciones específicas en litigación oral, técnicas de interrogatorio y presentación de alegatos, guiados por jueces, fiscales y magistrados del Tribunal de Impugnación.
Más allá del ejercicio académico, la actividad tuvo un objetivo institucional claro: acercar a la comunidad a un sistema judicial que podría implementarse en la provincia en los próximos años.
El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicó que el juicio por jurados está previsto tanto en la Constitución Nacional como en el Código Procesal Penal de San Juan, aunque todavía requiere una reglamentación específica para entrar plenamente en vigencia.
El magistrado destacó que este modelo otorga un papel central a la ciudadanía, ya que son los propios ciudadanos quienes analizan las pruebas y determinan la culpabilidad o inocencia de un acusado en los delitos más graves, bajo la conducción técnica de un juez profesional.
La iniciativa fue el cierre de un ciclo de conversatorios y capacitaciones impulsado por distintos organismos vinculados al sistema judicial y académico. Además de la Corte de Justicia, participaron el Ministerio Público de la Defensa, el Colegio de Magistrados y Funcionarios, Fiscalía de Estado, el Foro de Abogados, la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas y las tres universidades involucradas.
Con este primer ensayo, San Juan comenzó a mostrar cómo funcionaría en la práctica una herramienta que ya se aplica en varias provincias argentinas y que busca ampliar la participación ciudadana en la administración de justicia.
