La pericia fue realizada sobre un pendrive incorporado al expediente que contenía siete archivos audiovisuales y que es analizado por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora.
Según el informe, los especialistas no lograron establecer la fecha real de creación de los archivos, su procedencia ni si las imágenes fueron modificadas mediante herramientas digitales.
Uno de los principales problemas detectados fue la ausencia de los metadatos originales de las grabaciones. Esos datos permiten conocer información técnica sobre un archivo, como el dispositivo utilizado, la fecha de captura y otros registros vinculados a su creación.
Los peritos señalaron que las marcas temporales internas de los videos aparecen en cero, una situación que puede producirse cuando los archivos son editados, convertidos de formato o reenviados mediante aplicaciones de mensajería que eliminan parte de la información original.
Además, indicaron que las fechas de modificación de los archivos podrían haber sido alteradas antes de que el material llegara a manos de la Justicia.
Otro de los puntos observados por la DATIP fue que los videos fueron entregados sin un código hash, una herramienta informática que permite verificar que un archivo no haya sufrido modificaciones desde su extracción. Al no contar con esa identificación técnica inicial, los especialistas indicaron que no se puede garantizar la integridad ni la trazabilidad del material analizado.
A esto se sumó una irregularidad en la cadena de custodia: los peritos advirtieron que el elemento presentado ante la Justicia estaba rotulado como un pendrive, pero al abrir el sobre encontraron una tarjeta Micro SD de 32 GB.
Para los investigadores, esa diferencia afecta la posibilidad de reconstruir con precisión el recorrido que tuvo la evidencia desde su obtención hasta el análisis pericial.
Durante el estudio, los especialistas determinaron que los siete videos estaban dentro de una carpeta denominada “copia2406”, lo que indica que se trataba de reproducciones o transferencias y no de los archivos originales generados por el dispositivo donde supuestamente fueron grabados.
El análisis también detectó que dentro del dispositivo había 283 archivos multimedia: 276 fotografías eliminadas que pudieron ser recuperadas mediante herramientas forenses y siete videos en formato MP4. Sin embargo, esos archivos no permitieron confirmar técnicamente la autenticidad del material difundido.
Una pericia que impacta en la causa
La investigación había tomado como una de sus líneas iniciales que los videos podían haber sido registrados en la vivienda del country Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde. Pero las conclusiones del informe técnico indicaron que esa hipótesis no puede ser validada desde el punto de vista pericial con los elementos disponibles.
El resultado del estudio no cierra la investigación judicial, pero sí representa un respaldo para la postura de la defensa de Jésica Cirio, al poner en duda el valor probatorio de los videos incorporados al expediente.