La mujer murió el 18 de febrero de 2025, tras recibir cinco disparos en su domicilio. Sus hijos y su padre presenciaron el hecho. Desde un inicio, su entorno responsabilizó a Omill por la violencia previa, pero la Justicia no lo relacionó directamente con el crimen, ya que él se encontraba trabajando en el momento del ataque.
Sin embargo, meses antes del femicidio, el sospechoso ingresó violentamente a la casa de Oggero, robó su auto, la agredió físicamente y la mantuvo privada de libertad durante dos horas. Las amenazas y agresiones continuaron incluso cerca del hospital donde trabajaba Ailén. A pesar de que existía una orden de restricción de acercamiento, la fiscalía intervino formalmente después del asesinato.
La suspensión a la fiscal
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura sancionó a Ballari tras un informe de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. Los legisladores decidieron aplicar la suspensión por unanimidad y sin debate.
La fiscal rechazó las acusaciones y sostuvo que se la responsabiliza por un crimen que aún no está esclarecido. Además, afirmó que “no hay evidencia que vincule a Omill con el asesinato” y calificó de “absurdo” pensar que una imputación temprana hubiera evitado la muerte de Ailén Oggero.
Por su parte, Gustavo Franceschetti, abogado defensor de la letrada, anunció que impugnarán la sanción ante la Corte provincial y nacional, y que también recurrirán a la Corte Interamericana, al argumentar que se trata de un caso de “responsabilidad objetiva”.
Actualmente, la investigación del femicidio está a cargo de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, y la causa continúa sin detenidos ni imputados directos por el asesinato.
Por otro lado, Jonathan Omill fue condenado en marzo de este año a 4 años y 6 meses de prisión tras un juicio abreviado, acordado entre la fiscal Bárbara Glikman y la defensa, por delitos de violencia de género contra Ailén Oggero.
