Uno de los puntos centrales es la venta de tierras rurales a extranjeros. La versión que llegará al recinto ya no elimina los límites vigentes, pero propone elevar el tope de tierras en manos extranjeras del 15% al 25% por provincia, siempre con autorización de los gobiernos nacional y provincial.
La iniciativa también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar propiedades. Entre otros cambios, establece que la indemnización deberá abonarse por completo antes de que el bien pase al Estado e incorpora el pago por lucro cesante cuando corresponda.
Otro capítulo apunta a agilizar los desalojos, al convertir esos procesos en trámites sumarísimos y permitir, en algunos casos, la restitución anticipada del inmueble. El texto también modifica los plazos para intimar a inquilinos morosos e incorpora las notificaciones electrónicas.
En cuanto al manejo del fuego, el proyecto mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos incendiados, pero elimina la restricción de 30 años para vender o modificar el destino de campos rurales afectados por incendios.
Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo retiró uno de los puntos más cuestionados: la modificación de la ley de barrios populares. De esa manera, continuará vigente la suspensión de desalojos en esos asentamientos hasta 2032.