“Estamos sufriendo en la provincia de San Juan por un sector de la política, concretamente el kirchnerismo, poniendo palos en la rueda”, afirmó Picón, en alusión al conflicto con La Rioja por los límites territoriales vinculados al proyecto Vicuña.
En ese contexto, la diputada advirtió sobre el impacto concreto que puede tener esta situación: más de 13.000 puestos de trabajo podrían verse comprometidos si no se despejan las dudas jurídicas y políticas que rodean a la actividad.
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Picón planteó que el eje del problema no es solo productivo, sino también institucional. En su intervención, reclamó definiciones claras al Gobierno nacional sobre la seguridad jurídica que necesitan las empresas para avanzar con inversiones en la provincia.
“Empresas que vienen a invertir para generar empleo hoy están esperando que la Justicia se expida”, sostuvo, al tiempo que pidió certezas sobre el reconocimiento de los límites interprovinciales.
En ese sentido, recordó la vigencia de las leyes nacionales 18.004 y 26.939, que establecen los marcos normativos para la delimitación territorial, y cuestionó cualquier intento de ponerlos en discusión. El reclamo de la legisladora se da en medio de la disputa con La Rioja, que reavivó el debate sobre jurisdicciones y control de áreas estratégicas para el desarrollo minero.
Según planteó Picón, este escenario no solo retrasa definiciones judiciales, sino que también frena decisiones clave de inversión, en un momento donde varias empresas ya avanzaron en su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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“Quiero saber cuál es la postura del Gobierno nacional respecto al reconocimiento de esto y la seguridad jurídica que implica”, insistió.
Un debate que escala al plano nacional
La intervención de la diputada sanjuanina se dio en una sesión cargada de cruces políticos, donde Adorni defendió la gestión del Gobierno y rechazó acusaciones en su contra, en medio de un clima tenso en el recinto.
Sin embargo, el planteo de Picón dejó en evidencia que el conflicto por Vicuña ya trascendió el plano provincial y se instaló en la agenda nacional, con implicancias directas sobre el desarrollo económico y el futuro de la minería en San Juan.
