La resolución fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, y suspende los efectos de la cautelar dictada en primera instancia. De este modo, los artículos cuestionados recuperan su vigencia mientras se analiza el fondo del caso.
La medida deja sin efecto la resolución del juez Enrique Ojeda, quien el 30 de marzo había suspendido 83 artículos de la Ley 27.802 tras una presentación de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.
Según argumentó la Cámara, no se verificaban las condiciones excepcionales necesarias para mantener la cautelar durante el trámite de la apelación, en línea con lo establecido por la Ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado.
La causa, titulada “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, cuestiona aspectos centrales de la reforma laboral, entre ellos modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en la contratación de personal, ajustes en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.
En primera instancia, el magistrado había considerado acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, lo que motivó la suspensión de los artículos. Sin embargo, el Estado nacional apeló la decisión a través de la Procuración del Tesoro, cuestionando tanto la procedencia de la cautelar como la legitimidad de la CGT para impulsar la demanda.
En paralelo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con el objetivo de que intervenga directamente en el caso.
Con la decisión de la Cámara, la reforma laboral vuelve a estar plenamente vigente mientras continúa el proceso judicial. El tribunal deberá ahora resolver si confirma o revoca la cautelar en un fallo definitivo.
La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo, que sostiene que buscan reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo. Desde el sector sindical, en tanto, advierten que los cambios implican una reducción de derechos laborales y una modificación del sistema de protección vigente.
El expediente continúa en trámite y no se descarta que el caso llegue a la Corte Suprema, en función de las presentaciones realizadas por las partes.