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La Justicia acorrala a Andrés Vázquez por no declarar un patrimonio millonario en Florida.
En el complejo tablero del poder actual, Andrés Vázquez ocupa un lugar estratégico: es el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. Sin embargo, una investigación judicial acaba de ponerlo en el ojo de la tormenta.
La Justicia sospecha que el hombre encargado de vigilar el patrimonio de los argentinos ocultó, durante años, una fortuna personal en el exterior que supera los 2,1 millones de dólares.
La clave para desentrañar el patrimonio de Vázquez no estuvo en sus declaraciones juradas, sino en filtraciones internacionales de documentos de las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La investigación detectó un entramado diseñado para que su nombre no apareciera a simple vista.
Dos sociedades panameñas que compraron los departamentos entre 2013 y 2015 ( Alcorta Corp y Pompeya Group). Una firma en las Islas Vírgenes que absorbió a las anteriores y donde Vázquez figura como "beneficiario final". En los formularios internos del estudio Trident Trust, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP), un sello que alerta sobre posibles riesgos de corrupción.
En total, se trataría de tres unidades de lujo en las zonas más exclusivas de Florida, Estados Unidos: Icon Brickell (Unidad 3504), comprada en 2013 por US$ 710.000. Icon Brickell (Unidad 2811), comprada el mismo año por US$ 400.000 y Chateau Beach (Sunny Isles), una suite de altísimo nivel adquirida en 2015 por US$ 980.000.
Lo que más complica a Vázquez es la inconsistencia matemática. Según el fiscal Sergio Rodríguez, mientras el funcionario invertía más de un millón de dólares en Miami en 2013, en la Argentina declaraba ante la Oficina Anticorrupción que solo tenía 40.000 dólares de ahorros.
Esta brecha abismal es la base de la acusación por enriquecimiento ilícito. Además, se descubrió que él y su exesposa pagaron más de 136.000 dólares en impuestos municipales en Miami, un gasto que tampoco fue reflejado en sus ingresos declarados en el país.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) no se anduvo con vueltas y solicitó su indagatoria inmediata. Los delitos que se le imputan son los de ocultar datos en la declaración jurada (pena de hasta 2 años de prisión). Sumado a lavado de activos y evasión tributaria, lo que significa mover dinero no declarado a través de fronteras.
Si el juez Martínez de Giorgi avanza, Vázquez podría enfrentar la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para profundizar la evidencia, la Justicia pidió informes migratorios a la Embajada de EE. UU. y el levantamiento del secreto bancario en entidades como el Bank of America y Wells Fargo.