La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con la conducción del fútbol argentino. Allí se sostiene que Tapia habría registrado un crecimiento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, aunque ese porcentaje corresponde exclusivamente a la denuncia y todavía debe ser comprobado durante la investigación.
Entre los bienes declarados por Tapia aparecen un terreno y una vivienda en San Juan. En su declaración jurada de 2025, el terreno figura con una valuación fiscal de $153.708, mientras que la vivienda aparece valuada en $250.673.
La presentación judicial cuestiona que los valores fiscales de ambos inmuebles habrían disminuido en lugar de actualizarse. También señala un cambio en la forma en que fueron declarados, ya que habrían pasado de figurar como bienes propios a bienes gananciales.
Estos movimientos forman parte de los aspectos que la denuncia pide investigar, pero no constituyen por sí mismos una irregularidad comprobada.
El planteo judicial también menciona diferencias entre las valuaciones fiscales y los valores de mercado de otros inmuebles atribuidos a Tapia y pide determinar si existen bienes que no fueron incluidos en sus declaraciones juradas.
La causa que ahora deberá investigar Lijo
El expediente comenzó en la Justicia porteña y luego pasó al fuero federal tras una discusión sobre qué jurisdicción debía intervenir. Con la decisión de la Cámara Federal, Comodoro Py quedó definitivamente a cargo de la investigación.
Tapia aparece en el expediente por su condición de presidente del CEAMSE, cargo por el que declaró ingresos superiores a los $100 millones en 2025. También informó ingresos por su función como vicepresidente segundo de la Conmebol, mientras que sostuvo que su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
Desde el entorno del dirigente rechazaron las acusaciones y calificaron como falsos los datos incluidos en la denuncia. También cuestionaron al denunciante y anticiparon que esperan que el expediente sea archivado.
Por ahora, la decisión judicial no implica una condena ni determina que haya existido enriquecimiento ilícito. El dato central es que la denuncia seguirá adelante y que el juez Lijo deberá establecer si existen elementos suficientes para avanzar.