En lo particular, Borinksy expresó que la confirmación del procesamiento en la etapa previa "implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso".
Cabe resaltar que ante la Cámara Federal porteña -la instancia anterior-, el fiscal José Luis Aguero Iturbe sostuvo que "no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento Alberto Ángel Fernández y solicitó expresamente que se lo revocara y se dictara la falta de mérito respecto del nombrado".
Dicho argumento fue retomado por los jueces, quienes indicaron que el pedido del abogado se dio en sintonía con la defensa del expresidente, por lo que faltó mérito acusatorio. Por otro lado, hicieron referencia al planteo del fiscal Raúl Pleé, quien a diferencia de su colega, cuando el proceso llegó a la Cámara de Casación rechazó las explicaciones del exfuncionario.
Al respecto, la mayoría de los camaristas indicó que dicha intervención "no subsanaba el problema" ya que ese dictamen "no ofreció razones concretas, ajustadas al caso, que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior; se apoyó en invocaciones generales al principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y no alcanzó para sostener la inadmisibilidad ni el rechazo del recurso defensista".
En disidencia votó Gustavo Hornos, quien alegó que el procesamiento de Fernández estaba "suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa", y señaló que su visión se apoya en la corroboración respecto a "la existencia de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales".
De esta forma, Casación ordenó a la Cámara Federal porteña que revisen nuevamente los procedimientos para dictar un nuevo pronunciamiento. En la causa el exmandatario había sido procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo por $14.634.220.283,68 .
