El legislador isleño Michael Goss confirmó que la administración local analiza "formas y medios" para abordar la situación, según informó el diario británico Daily Express. No obstante, aclaró que las medidas deberán ajustarse al marco legal vigente, el cual impide la prohibición abierta del turismo de origen nacional.
“Tenemos que adoptar una postura más firme. No podemos permitir que haya cada vez más personas que, bajo la idea de que están visitando las islas, lo hagan para impulsar una agenda política. No es aceptable”, sostuvo Goss.
El contexto diplomático
Las discusiones en el archipiélago se producen en un escenario de renovada tensión bilateral entre la Argentina y el Reino Unido.
El Gobierno de Javier Milei dispuso iniciar procedimientos sancionatorios contra empresas vinculadas al proyecto de exploración de hidrocarburos Sea Lion y promovió una demanda de arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para frenar la actividad petrolera en la zona.
Actualmente, los ciudadanos argentinos pueden ingresar al territorio insular por un plazo máximo de un mes y con la acreditación de seguro médico con cobertura de evacuación, fondos de manutención, reserva de hospedaje y pasaje de retorno.
Además, el protocolo turístico local exige abstenerse del uso de indumentaria militar argentina, de la exhibición de banderas nacionales y de referirse a las Islas como "Malvinas". Esto se debe a que los kelpers pueden considerar ofensiva esa denominación y también pueden sentirse preocupados o angustiados a raíz de la guerra de 1982.
Sin embargo, esos aspectos son contrarios al mandato de la Constitución Nacional argentina que ratifica la soberanía imprescriptible e inalienable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.