El apuro responde a que durante la primera quincena de noviembre habrá menos actividad parlamentaria.
Sin embargo, el camino hacia el dictamen todavía tiene puntos sensibles, principalmente vinculados con discapacidad, asignaciones sociales, universidades nacionales y fondos que reclaman las provincias.
Desde el oficialismo aseguran que las conversaciones avanzan y que no hay motivos para demorar la firma. Entre los sectores dialoguistas, en cambio, reconocen que el calendario está ajustado y advierten que las diferencias sobre el contenido del proyecto siguen abiertas.
La negociación es encabezada en Diputados por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores para sumar respaldos.
Los puntos que traban el acuerdo
Uno de los principales focos de discusión es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un aumento interanual del 163%. Los bloques dialoguistas y opositores buscan que una parte de esos recursos se destine a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad.
El Gobierno sostiene que esos fondos están previstos para atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales. Su postura es que cualquier modificación debe preservar el equilibrio fiscal y las metas de superávit primario.
En materia de discapacidad, la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman derogar los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen cambios en la legislación del sector. También cuestionan la eliminación de la actualización automática por inflación de las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras ayudas sociales. Los bloques pretenden mantener el mecanismo vigente.
Las universidades nacionales representan otro punto de tensión. El proyecto prevé $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman alrededor de $11 billones.
A esos pedidos se suman los de las 13 provincias con cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas de Nación con sus sistemas previsionales. Los gobernadores también reclaman fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023. Esos planteos fueron parte de la reunión que mantuvieron con Santilli el 16 de octubre.
El oficialismo necesita sumar aliados
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para abrir una sesión. Por eso, además de acordar cambios en el proyecto, deberá asegurarse el acompañamiento de otros bloques para reunir el quórum y avanzar en el recinto.
Otra parte de la negociación apunta a conseguir respaldo de legisladores de Provincias Unidas, donde confluyen representantes de distritos como Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut.
Las conversaciones de las próximas horas serán determinantes. El Gobierno necesita cerrar un acuerdo que le permita firmar el dictamen el miércoles, pero los apoyos dependerán de cómo se resuelvan los reclamos por discapacidad, asignaciones sociales, universidades y recursos provinciales.