La investigación se había iniciado luego de la difusión de un trabajo periodístico realizado mediante lentes inteligentes, una tecnología de grabación discreta que permitió registrar imágenes desde el interior de la sede del Poder Ejecutivo. La denuncia apuntaba a una supuesta violación de protocolos de seguridad y a una posible revelación de información sensible.
Sin embargo, el dictamen del Ministerio Público concluyó que no pudo acreditarse que el contenido difundido implicara una afectación a tareas de inteligencia estatal ni una exposición de secretos políticos o militares. Según la resolución, las imágenes no representaron una amenaza concreta para las instituciones.
"La Justicia sostuvo que no hubo revelación de secretos políticos ni militares, ya que las imágenes mostraban pasillos y espacios generales del edificio, muchos de ellos ya disponibles públicamente", explicó la periodista Martina Garbarz a través de sus redes sociales al dar detalles del expediente.
Uno de los puntos centrales de la decisión judicial fue la falta de pruebas sobre un daño real derivado de la grabación. Los investigadores remarcaron que gran parte de los espacios exhibidos ya habían sido difundidos previamente en registros oficiales, fotografías institucionales y transmisiones públicas.
Además, la fiscalía entendió que el uso de dispositivos tecnológicos para registrar imágenes no constituye por sí mismo una conducta ilegal, siempre y cuando no exista acceso a documentación reservada o información estratégica protegida por ley. En este caso, el informe periodístico no mostró áreas restringidas ni material clasificado.
