De acuerdo con el Gobierno, tres de esas compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas para realizar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto conocido como Sea Lion.
La Casa Rosada sostiene que esas actividades se realizan sobre recursos que la Argentina considera pertenecientes a su territorio y que las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido no tienen validez para el Estado argentino.
El Gobierno fundamenta su presentación en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con autorización de las autoridades nacionales.
La denuncia no estará dirigida solamente contra las empresas. La presentación también buscará determinar si tuvieron responsabilidad quienes hayan intervenido en las operaciones.
Por eso, según informó oficialmente el Gobierno, la investigación alcanzará a directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que pudieran haber participado de los hechos.
La decisión se suma a otras medidas por el petróleo en Malvinas
El anuncio se conoció después de que Halliburton, SLB y Baker Hughes, tres de las principales compañías internacionales que brindan servicios vinculados con la industria petrolera, comunicaran que no realizarán trabajos con empresas relacionadas con la exploración de hidrocarburos en Malvinas.
De esta manera, la denuncia judicial forma parte de una serie de medidas que el Gobierno de Javier Milei viene impulsando para intentar frenar las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur que considera contrarias a los intereses argentinos.
La administración nacional anticipó que continuará utilizando las herramientas legales e institucionales disponibles para intervenir frente a este tipo de operaciones y defender el reclamo de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple como una de sus prioridades el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la defensa y la seguridad nacional.
El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre.
La decisión busca incorporar recursos para iniciativas vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur, en un escenario en el que el Gobierno volvió a colocar la cuestión Malvinas y la explotación de sus recursos naturales en el centro de su agenda.
Así, la denuncia contra las empresas petroleras y la planificación de inversiones para la Base Naval Integrada forman parte de una misma estrategia oficial: reforzar la posición argentina frente a las actividades desarrolladas alrededor de las islas y sostener el reclamo de soberanía sobre el territorio y sus recursos.