La discusión comenzó cuando Villarruel cuestionó la reunión de legisladores vinculada al tratamiento del proyecto y sostuvo que algunos sectores buscaban avanzar con una norma que, según su mirada, podría afectar la soberanía territorial.
Bullrich respondió defendiendo la propuesta y aseguró que el objetivo no es vender tierras sino promover inversiones y desarrollo productivo. Desde su postura, la reforma permitiría generar nuevas oportunidades económicas en distintas regiones del país.
El intercambio subió de tono cuando la vicepresidenta vinculó la iniciativa con la situación económica actual y criticó al oficialismo por impulsar cambios legislativos mientras, según expresó, muchas pequeñas empresas atraviesan dificultades
Villarruel también cuestionó a los dirigentes que toman decisiones desde Buenos Aires y reclamó mayor presencia territorial para conocer la realidad de las provincias. Bullrich, por su parte, sostuvo que la sociedad busca avanzar hacia un país con mayor crecimiento y rechazó las críticas sobre una supuesta entrega del territorio nacional.
Cruces personales dentro del oficialismo
La discusión derivó en reproches políticos entre ambas dirigentes. Bullrich planteó que quienes no acompañan el rumbo del Gobierno deberían dar un paso al costado, mientras que Villarruel respondió recordando que también fue elegida mediante el voto popular
El intercambio terminó con acusaciones cruzadas y fuertes cuestionamientos personales entre las representantes del oficialismo. La disputa volvió a mostrar las diferencias internas dentro del espacio que lidera Javier Milei, en un momento clave donde el Gobierno necesita reunir apoyos en el Congreso para avanzar con sus reformas.
Qué cambia el proyecto de Ley de Tierras
La iniciativa fue elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y plantea modificaciones al régimen actual para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre los principales cambios, el proyecto elimina los límites generales vigentes para esas operaciones y establece que las provincias tendrán participación en las autorizaciones correspondientes.
El texto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir tierras rurales, aunque contempla excepciones mediante autorización provincial y nacional.
Además, establece que si durante 180 días no existen objeciones de los organismos correspondientes, la operación quedará habilitada mediante el mecanismo de silencio administrativo. La propuesta también incluye modificaciones en otros aspectos vinculados a la propiedad privada, como desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
En el caso de los desalojos, plantea procedimientos más rápidos cuando exista documentación que respalde el derecho del propietario. También fija nuevas condiciones para expropiaciones y mantiene restricciones especiales para bosques nativos y humedales afectados por incendios.
El proyecto había quedado postergado por diferencias entre el oficialismo, sectores dialoguistas y bloques opositores, principalmente por el capítulo relacionado con la compra de campos por parte de extranjeros. Ahora, el Gobierno buscará los votos necesarios para avanzar con su aprobación en la Cámara alta.