Tras la conmoción social generada por el caso, el intendente cordobés Daniel Passerini le pidió públicamente la renuncia. Sin embargo, Moreno se negó a dejar su banca.
Ante esa situación, el oficialismo recurrió a una maniobra política para desplazarlo. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia para ocupar un cargo en el Ejecutivo municipal y cuyo lugar había sido ocupado por Moreno, presentó su regreso al Concejo Deliberante. Con esa decisión, el cuestionado dirigente quedó automáticamente fuera del cuerpo legislativo.
La salida se produjo además bajo una fuerte presión política. Sectores de la oposición ya preparaban un pedido formal de expulsión al considerar incompatible que Moreno ejerciera simultáneamente como concejal y abogado defensor de una persona que había ingresado al municipio a través de su propia recomendación.
El caso tomó aún más repercusión por la difusión de un audio de 2025 en el que Moreno defendía públicamente su intervención en favor de Barrelier. En esa grabación aseguraba que había ayudado a ingresar a cientos de personas a la administración pública y relativizaba la responsabilidad política por las acciones posteriores del ahora acusado.
Mientras la investigación por el femicidio avanza en la Justicia, el escándalo ya provocó una primera consecuencia concreta en el ámbito político: la caída de quien durante años fue uno de los principales respaldos de Claudio Barrelier dentro del peronismo cordobés.