Según el comunicado oficial, la investigación apunta a determinar si los involucrados violaron la prohibición de realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas vinculadas con la disputa de soberanía sin autorización argentina.
La medida no alcanza solamente a las compañías que llevan adelante las operaciones. También incluye a accionistas, proveedores, asesores y empresas que prestan servicios vinculados con esas actividades.
El proyecto petrolero que está en el centro del conflicto
La decisión del Gobierno se conoció pocas horas después del mensaje de Milei por cadena nacional, en el que volvió a ratificar el reclamo argentino sobre las Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto es desarrollado por Navitas Petroleum, que posee el 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Según los datos difundidos por las compañías, el yacimiento tendría reservas probadas y probables por 314 millones de barriles y proyecta comenzar a producir en marzo de 2028.
El desarrollo contempla además más de 60 pozos submarinos, lo que incrementó la preocupación del Gobierno argentino por la explotación unilateral de recursos en una zona cuya soberanía es objeto de disputa.
Entre las empresas alcanzadas por el procedimiento aparecen Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Eco Atlantic Oil & Gas, además de distintos accionistas y compañías proveedoras de servicios.
Desde el Gobierno remarcaron que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son argentinos, y advirtieron que el Estado utilizará las herramientas legales disponibles para impedir actividades que considere ilegítimas.