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La Cámara de Diputados avanzó con el pedido de juicio político por presunto mal desempeño, contando con el respaldo de la oposición y del propio Partido Colorado.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el juicio político contra el presidente Santiago Peña, poco después de que el mandatario presentara su renuncia en el marco del colapso del sistema bancario.
El pedido de juicio político fue presentado por legisladores de la oposición y sectores disidentes del oficialismo, respaldado inicialmente por 35 diputados bajo la causa de un supuesto "grave y sistemático mal desempeño de sus funciones".
La iniciativa contó con el apoyo del propio Partido Colorado, fuerza gobernante, cuyo líder y expresidente Horacio Cartes manifestó que la medida busca "volver a reencauzar la institucionalidad de la República".
El detonante de la crisis fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), que el martes ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia.
Según informó la autoridad monetaria, el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50% del mínimo exigido luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.
La medida generó preocupación entre clientes y sectores económicos debido a la dimensión de la entidad. Ueno contaba con unos 2,9 millones de usuarios en un país de poco más de 6 millones de habitantes y administraba recursos de distintas instituciones públicas.
La magnitud de la situación obligó además a Peña a suspender su viaje a Madrid, donde se celebra la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Los promotores del juicio político sostienen que existió un conflicto de intereses por los vínculos previos del mandatario con Ueno Holding, conglomerado empresarial del que forma parte la entidad intervenida. Peña vendió sus acciones en el grupo en abril de 2025.
La acusación también cuestiona la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023. Según el texto presentado por los diputados, Carvallo había presidido la Financiera Ueno antes de que esta se transformara en banco, una operación autorizada posteriormente por el directorio de la autoridad monetaria.
Asimismo, los legisladores denuncian una supuesta injerencia presidencial en el Instituto de Previsión Social (IPS) y un favorecimiento de la entidad financiera.
Uno de los puntos más sensibles del caso está relacionado con los recursos del IPS, organismo que administra el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.
Según datos proporcionados por la gerente financiera del instituto, Gladys Vera, el organismo mantiene unos 355 millones de dólares en la entidad intervenida. Esa cifra representa alrededor del 9% de las inversiones totales del IPS.
La acusación también atribuye al mandatario un supuesto beneficio patrimonial indebido, menciona préstamos otorgados por Ueno y advierte sobre una eventual afectación de la confianza en el sistema financiero nacional.