La implementación estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, con participación de la Secretaría de Trabajo y articulación con provincias, municipios, empresas e instituciones educativas. El objetivo es descentralizar la oferta formativa y adaptarla a las realidades locales.
Quiénes pueden acceder
El programa está dirigido a mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad laboral. Incluye, entre otros:
- Monotributistas sociales y de categoría A
- Trabajadores de casas particulares
- Empleados rurales temporarios
- Personas desocupadas
- Trabajadores con ingresos de hasta tres salarios mínimos
También establece restricciones para garantizar que el beneficio alcance a quienes cumplen con los criterios socioeconómicos definidos.
El impacto en San Juan
El lanzamiento del nuevo esquema convive con una resolución judicial que obliga a mantener vigente la prestación económica del programa anterior. Tras un fallo del Juzgado Federal de Campana, el Estado nacional debe continuar con los pagos mensuales a los beneficiarios.
En San Juan, esto se traduce en un dato concreto: alrededor de 16 mil personas cobrarán $78.000 el próximo 5 de mayo, lo que implica el envío de más de $124 millones a la provincia para cubrir esa asistencia.
La medida judicial establece la continuidad del pago hasta que haya una resolución definitiva, lo que genera un escenario mixto: por un lado, un nuevo programa centrado en la capacitación; por otro, la permanencia —al menos temporal— del esquema de ingresos directos.
Un sistema en transición
El cambio de política marca una reconfiguración del rol del Estado en materia laboral. Mientras el nuevo programa apuesta a la formación como herramienta de inserción, la continuidad del pago evidencia que la transición no será inmediata.
En ese contexto, San Juan aparece como un caso testigo: miles de beneficiarios seguirán percibiendo la asistencia mientras, en paralelo, se abre la puerta a un modelo que busca reemplazarla progresivamente por capacitación y empleo genuino.
