Cuando se le preguntó por un eventual conflicto de intereses al cancelar ella misma sus haberes, aseguró: "No hay problemas de competencia. Era la responsable de autorizar tanto estos pagos como los de los embajadores", dijo. El ex canciller Timerman no pudo ser localizado para hablar. "No se encuentra disponible", explicó Ferraris al responder a esta consulta.Si bien las vacaciones de estos funcionarios figuran en el Sistema de Administración de Recursos Humanos como licencias "vencidas", la ley del empleo público, que contempla que no se pueden acumular licencias por más de dos años, exceptúa a de ello al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros, al Secretario General de la Presidencia de la Nación y a los secretarios y subsecretarios. En este caso particular, las vacaciones pueden mantenerse hasta por un período de 10 años sin que se venzan y pueden ser cobradas al cese de funciones. La justificación es que, por razones de servicio, muchas veces ciertos funcionarios no pueden tomarse las licencias anuales correspondientes, que son un derecho de cualquier trabajador."A varios empleados, administrativos o diplomáticos, que estaban intimados a jubilarse y tenían licencias acumuladas, Ferraris les aconsejaba tomárse las licencias ya que probablemente no iban a pagarles esas vacaciones", afirmó un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores que prefirió no revelar su nombre.Al respecto de si estos pagos podrían ser revisados por las autoridades del nuevo gobierno, Carlos Rinaldi, a cargo de la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Cancillería, dijo: "De existir alguna irregularidad, la auditoría interna de Cancillería podrá revisar la documentación correspondiente y expedirse al respecto". Por el momento, la auditoría permanece acéfala desde que la dejó Alejandro Peirou y se encuentra a cargo el auditor adjunto, Gustavo Paolella, quien prefirió no hablar.Fuente: La Nación
