La resolución que originó el conflicto fue dictada por un juzgado federal que hizo lugar a una medida cautelar presentada por beneficiarios del programa. El magistrado consideró que la interrupción del pago sin una alternativa clara podría vulnerar derechos básicos de sectores en situación de vulnerabilidad, por lo que ordenó garantizar la continuidad de la asistencia económica. En ese sentido, el fallo remarcó la necesidad de evitar un corte abrupto en los ingresos de miles de personas que dependen de ese dinero para su subsistencia diaria.
"Volver al Trabajo"
Desde el Ejecutivo sostienen que “Volver al Trabajo” fue concebido como un programa de carácter transitorio y que su finalización estaba prevista. En línea con la política de ajuste del gasto público, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema distinto, basado en capacitaciones laborales mediante vouchers, con el objetivo de fomentar la inserción en el mercado formal.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que motivaron la intervención judicial es que ese nuevo esquema aún no cuenta con definiciones concretas sobre su implementación, alcance y cobertura, que reemplace el beneficio de $78 mil pesos.
Los demandantes plantearon que la falta de precisiones genera incertidumbre y deja a los beneficiarios en una situación de desprotección. También advirtieron que el cambio de modelo podría implicar, en la práctica, una reducción o eliminación de ingresos sin garantías de inserción laboral efectiva. Estos argumentos fueron tomados en cuenta por la Justicia al momento de dictar la cautelar.
El fallo tiene carácter provisorio, pero obliga al Estado a mantener el programa vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En paralelo, la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano abre una nueva etapa en la disputa judicial, que podría escalar a tribunales superiores.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de redefinición de la política social impulsada por el Gobierno nacional, que busca reducir el peso de los programas asistenciales tradicionales y avanzar hacia esquemas que prioricen la capacitación y el empleo formal. Sin embargo, la transición entre ambos modelos se convirtió en un punto de tensión, tanto en el plano judicial como en el debate público, donde se cruzan las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables con los objetivos de ordenamiento fiscal del Ejecutivo.
