Se trata del primer ajuste en el suministro en la antesala del invierno, período que para el sistema gasífero se extiende entre mayo y septiembre. Aunque todavía faltan las semanas de mayor consumo, el incremento repentino de la demanda ya empezó a tensionar la operación.
De acuerdo con los registros del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda prioritaria, que incluye hogares, hospitales y otras instituciones esenciales, se ubicaba a comienzos de la semana cerca de los 50 millones de metros cúbicos diarios. De ese total, unos 14 millones corresponden al AMBA, la zona de mayor concentración de usuarios residenciales.
En este escenario, el esquema contractual define quiénes quedan expuestos a los recortes. Las estaciones de servicio con contratos “firmes” continúan operando con normalidad, aunque con un costo más alto por la garantía de abastecimiento. En cambio, aquellas que funcionan bajo modalidad “interrumpible” (más barata, pero sin prioridad) son las primeras en ser alcanzadas por las restricciones. Lo mismo ocurre con determinados consumos industriales.
La ejecución de la medida queda en manos de cada estacionero, aunque existen penalidades para quienes excedan los volúmenes contratados en firme: deberán pagar una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico vendido por encima del límite.
La decisión se tomó tras una suba abrupta del consumo “de un día para el otro”, en un contexto que además presenta limitaciones del lado de la oferta. A esa presión se suma la demora en la llegada de buques de gas natural licuado (GNL), necesarios para reforzar el sistema en esta época del año.
