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Quiso evitar robos y electrificó la reja con 220 voltios: ¿es legal?
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Quiso evitar robos y electrificó la reja con 220 voltios: ¿es legal?

Un abogado explicó qué límites tiene la legítima defensa cuando se instalan mecanismos para proteger una propiedad y advirtió sobre los riesgos de conectar una reja directamente a la red eléctrica domiciliaria.

Un comerciante que sufrió seis robos durante el año decidió tomar una medida extrema para intentar evitar nuevos ataques: durante la noche electrificaba la reja de su local. El caso abrió una discusión que va más allá de la seguridad y plantea una pregunta concreta: ¿hasta dónde puede llegar una persona para proteger su propiedad?

El abogado Facundo Pérez Lloveras analizó el tema en Cadena 3 y en un artículo publicado en InfoJus, donde diferenció entre una reacción frente a una agresión que está ocurriendo y los mecanismos que se colocan previamente para prevenir un ingreso.

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Entre estos últimos aparecen las rejas, los alambres de púas, las concertinas y los cercos eléctricos. Según explicó, estos sistemas pueden utilizarse como medidas de seguridad, pero deben respetar determinadas condiciones y, sobre todo, mantener una finalidad disuasiva y defensiva.

Pérez Lloveras sostuvo que una medida de seguridad debe ser racional y proporcional al riesgo que pretende evitar. Por eso, consideró que conectar una reja directamente a los 220 voltios de la red domiciliaria, sin las protecciones correspondientes, excede los límites de lo que puede entenderse como defensa de un bien.

El problema no se limita a un eventual ladrón. Una instalación de este tipo también puede provocar lesiones a una persona que no esté cometiendo ningún delito. El abogado puso como ejemplo a policías o equipos de emergencia que necesiten atravesar una propiedad para asistir ante una situación urgente y terminen entrando en contacto con el dispositivo.

En esos casos, al no existir una agresión ilegítima contra quien instaló el mecanismo, el daño provocado no quedaría automáticamente cubierto por la legítima defensa.

Una descarga puede terminar en una causa penal

El artículo 34 del Código Penal establece los requisitos para que pueda considerarse legítima defensa: debe existir una agresión ilegítima, tiene que haber una necesidad racional del medio utilizado para impedirla o repelerla y no debe existir una provocación suficiente por parte de quien se defiende.

Por eso, que una persona haya sufrido robos previamente no significa que pueda instalar cualquier tipo de mecanismo para impedir otro.

Pérez Lloveras advirtió que si una conexión eléctrica realizada de manera imprudente provoca lesiones o una muerte, las consecuencias pueden ser penales. Dependiendo de las circunstancias, podría investigarse un caso como lesiones u homicidio culposo si existió negligencia en la instalación, o incluso como homicidio con dolo eventual si se demuestra que la persona sabía que el mecanismo podía causar la muerte y, aun así, decidió mantenerlo funcionando.

La responsabilidad, además, podría analizarse aunque la víctima fuera un intruso o simplemente alguien que tocó la reja por accidente.

Cómo debe ser un cerco eléctrico seguro

El abogado también diferenció estas instalaciones caseras de los cercos eléctricos diseñados específicamente para seguridad.

Según explicó, aunque no exista una única ley que regule todos los cercos, sí deben respetarse exigencias de seguridad eléctrica. Entre ellas mencionó el uso de equipos específicos que funcionan mediante pulsos breves e intermitentes, una ubicación que reduzca el riesgo de contacto accidental, carteles visibles de advertencia y una instalación profesional con equipos certificados y una puesta a tierra adecuada.

La clave, planteó, está en que el mecanismo busque evitar o disuadir un ingreso, y no convertirse en una trampa capaz de causar un daño grave.

La advertencia es especialmente relevante para quienes, después de sufrir robos reiterados, buscan reforzar la seguridad de sus viviendas o comercios: proteger una propiedad no habilita cualquier método, y una instalación eléctrica peligrosa puede terminar generando un problema penal mucho más grave que el que se pretendía evitar.

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