Según Cúneo, el funcionamiento de ANIVI está permitiendo acelerar las causas por este tipo de hechos. Aseguró que los casos tardaban entre 4 y 5 meses para llegar a la etapa de resolución de la situación procesal de los imputados y que ahora, el juez tiene todos los elementos en apenas 15 o 20 días.
Si bien la Dirección de Niñez asiste a las víctimas, Cúneo y Casívar coincidieron en que hace falta trabajar especialmente en una política de contención y seguimiento de largo plazo. Por eso, contaron que representantes del Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Humano y Salud Pública se están reuniendo para armar un plan. De todos modos, el funcionario judicial sostuvo que los recursos disponibles hace que sea difícil poder sostener en el tiempo la contención estatal.
El tratamiento psicológico y el seguimiento a largo plazo es necesario para atemperar las traumáticas secuelas que les quedan a las víctimas después de un abuso.