El proyecto de Picón plantea no solo avanzar penalmente —algo que ya está contemplado en la normativa vigente y que aplicó la justicia mendocina— sino sumar multas que irían de 50 a 500 Unidades Fiscales, lo que hoy podría equivaler a montos cercanos o superiores a los 300 mil pesos. El objetivo, explicó, no es recaudatorio, sino de concientización: “Las familias debemos ser responsables. El Estado pone las vacunas a disposición; el problema no es del Estado, es de los adultos que no llevan a sus hijos”.
Picón contó que su interés por el tema viene de larga data. Durante su gestión como directora de Acción Social en Rivadavia, entre 2015 y 2019, ya observaba la dificultad de lograr que los padres cumplieran con el calendario: “Hacíamos operativos casa por casa. El problema viene creciendo; cada vez hay más padres que creen que las vacunas no son necesarias”.
A pesar de esa tendencia nacional a la baja, aseguró que San Juan se mantiene en mejores niveles de vacunación que otras provincias como Santa Fe, Rosario o la Ciudad de Buenos Aires, donde la asistencia cayó de manera más marcada. Aun así, advierte que la provincia debe prepararse: “San Juan tiene que aplicar la ley. Con el registro digitalizado de carnés se puede hacer un seguimiento y detectar rápidamente a quienes no cumplen”.
La diputada también reveló que semanas atrás otra legisladora nacional le pidió apoyo para un proyecto que elimina la obligatoriedad del calendario de vacunación: “Le dije que no. Respeto la ciencia. Las vacunas salvaron vidas en la pandemia. No podemos retroceder”.
