Martín también cuestionó con firmeza la postura de autoridades riojanas. “Que venga un gobernador de otra provincia y ponga en duda los límites, o que manifieste que La Rioja tiene cierto derecho sobre actividades mineras, pone en tela de juicio algo que construimos”, expresó. En ese sentido, consideró que cuando una situación “está mal encarada, se resolverá rápidamente”.
La resolución judicial se originó a partir de una presentación realizada por la empresa a cargo del proyecto, luego de que desde La Rioja se notificaran restricciones al tránsito en una ruta provincial y una presunta suspensión de actividades vinculadas al emprendimiento.
El juzgado interviniente, con competencia multifuero en la Segunda Circunscripción Judicial, hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar que impide que terceros —ya sean actores públicos o privados— puedan obstaculizar o frenar el desarrollo del proyecto.
Además, el fallo establece una excepción clara: únicamente las autoridades competentes de San Juan, a través del Ministerio de Minería, están facultadas para disponer medidas que afecten la operatoria del proyecto.
De esta manera, la Justicia sanjuanina no solo aseguró la continuidad del Proyecto Vicuña, sino que también fijó límites precisos frente a posibles interferencias externas, en un conflicto que puso en tensión las relaciones entre ambas provincias.
