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Tras el robo de un celular en Brasil, delincuentes realizaron más de 1.600 operaciones por casi $200 millones y US$6.000. La víctima demandó a tres entidades por presuntas fallas en sus controles antifraude.
El robo de un celular durante un viaje a Brasil terminó en una estafa de casi $200 millones y otros 6.000 dólares contra un empresario sanjuanino.
El caso involucra al Banco Supervielle, Banco Galicia y la billetera virtual Naranja X. Según la investigación preliminar que lleva adelante el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, los delincuentes realizaron más de 1.600 operaciones, entre ellas cinco transferencias concretadas en apenas 44 segundos.
Tras detectar esos movimientos no autorizados en sus cuentas, un empresario sanjuanino presentó una denuncia penal para identificar a los responsables y una demanda civil contra las tres entidades.
El planteo apunta a determinar por qué se concretó semejante volumen de operaciones sin que se activaran alertas, bloqueos preventivos o mecanismos de validación de identidad.
El caso tiene similitudes con una estafa denunciada en junio por Todo Médica San Juan, que sufrió un perjuicio cercano a los $200 millones.
En esa oportunidad, los delincuentes consiguieron las credenciales bancarias del responsable de la empresa mediante una maniobra de ingeniería social. El hombre buscó en Google un teléfono para comunicarse con el banco, pero terminó hablando con personas que se hicieron pasar por representantes de la entidad.
Los estafadores le hicieron creer que su cuenta estaba en riesgo y lo guiaron durante supuestos procedimientos de seguridad hasta obtener los datos de acceso.
Con esas credenciales realizaron más de 30 transferencias en menos de dos días, durante un fin de semana. Los movimientos fueron por montos de entre $1 millón y $10 millones.
En ambos casos, uno de los puntos centrales es la cantidad y la velocidad de las operaciones. En la estafa a la ortopedia, el fiscal cuestionó que una cuenta empresarial registrara decenas de transferencias millonarias sin que los sistemas bancarios generaran una alerta.
Las disposiciones del Banco Central establecen que las entidades deben contar con mecanismos para detectar operaciones inusuales, teniendo en cuenta factores como los montos, la frecuencia y el comportamiento habitual de cada cliente.
La eventual responsabilidad de los bancos deberá determinarse a partir de la investigación y de las circunstancias particulares de cada caso. La concreción de una estafa no implica automáticamente que exista una falla legalmente atribuible a la entidad.
En el caso de Todo Médica, los investigadores detectaron que el dinero fue enviado principalmente a cuentas de Córdoba y luego pasó por distintas cuentas intermediarias.
La demora de unos tres días entre las transferencias y la denuncia dificultó su recuperación.
Sin embargo, ambas dejaron un interrogante sobre los controles financieros; cómo se ejecutaron numerosas operaciones por cifras millonarias en períodos breves sin que los sistemas lograran advertirlas o frenarlas.
Mientras avanzan las causas penales, los reclamos buscan establecer si las entidades cumplieron con sus obligaciones de monitoreo y protección de los fondos.
La fiscalía recomienda evitar teléfonos bancarios encontrados en buscadores y utilizar únicamente canales oficiales verificados, como los disponibles en las aplicaciones o los resúmenes de cuenta.