La condena se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que Cantero reconoció su responsabilidad en los hechos incluidos en la causa. El juez de Garantías Alberto Caballero homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y la defensa de la acusada, a cargo de María Filomena Noriega.
Antes de cerrar el acuerdo, la Fiscalía incorporó dos hechos más al expediente. Uno tuvo como víctima a una joven a quien Cantero le habría prometido un puesto en el Poder Judicial a cambio de $400.000.
El otro involucró a dos hermanos que, según la acusación, le entregaron $10 millones después de que ella asegurara que podía intervenir en una causa federal que los involucraba y evitar que fueran allanados.
En este último episodio, Cantero se habría presentado como secretaria de un juez y ofrecido resolver la situación judicial a cambio de dinero. La maniobra se suma a otras falsas promesas de cargos públicos y gestiones judiciales que quedaron comprendidas en la condena.
Uno de los episodios que impulsó la investigación fue la oferta de supuestos puestos de planta en la Justicia Federal. Para convencer a las víctimas, Cantero habría exhibido nombramientos y resoluciones apócrifas con firmas falsificadas atribuidas a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a un juez federal de San Juan. En esa maniobra, el perjuicio superó los $12 millones.
La causa también incluyó una estafa contra una familia de Rivadavia, que denunció haber entregado alrededor de $70 millones con la promesa de recuperar una propiedad que había perdido en un litigio. Cantero se habría presentado como gestora judicial y asegurado que tenía influencias para resolver el problema, pero el inmueble nunca fue recuperado.
A esos hechos se sumaron las nuevas denuncias incorporadas antes del juicio abreviado. La calificación legal por la que fue condenada comprende defraudación por engaño en distintos hechos, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, según lo establecido en el acuerdo homologado.
Pese a que la pena es de cumplimiento efectivo, el fallo contempla que Cantero la cumpla bajo arresto domiciliario debido a que tiene un bebé a su cuidado. La modalidad no modifica la duración de la condena, sino el lugar en el que deberá ejecutarse.
La situación procesal de Cantero ya había tenido un capítulo previo. En una causa anterior por falsas promesas de cargos judiciales, había recibido una condena de siete meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria.
Durante esa investigación también se había cuestionado un certificado médico presentado para justificar una ausencia ante la Justicia, luego de que el profesional cuyo nombre figuraba en el documento negara haberlo confeccionado.
Ahora, con la homologación del nuevo acuerdo y una pena de cinco años, la Justicia cerró otro tramo de un historial de maniobras que combinaban falsas influencias, promesas de soluciones judiciales y documentación apócrifa. El monto total reconocido en esta causa asciende a $119 millones.